Las altas temperaturas hacen que se incumpla la normativa en riesgos laborales y ponen en peligro la salud del alumnado y de los profesionales de los centros.

Al Gobierno andaluz, una vez más, le ha pillado el toro y las aulas siguen sin estar adaptadas bioclimáticamente a las necesidades reales que se nos presentan. Esto se debe, sin lugar a dudas, a una clara falta de previsión y de inversión en la enseñanza pública.

Con la llegada de la primera ola de calor del año escolar, donde se superarán con creces los 40 grados durante toda la semana, un importante número de aulas de los colegios públicos tendrán que soportar temperaturas por encima de los 27 grados, lo que supone un claro incumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, además de poner en riesgo la salud tanto del alumnado como de los docentes y resto de profesionales que trabajan en los centros educativos.

En este sentido, la secretaria general de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha manifestado que "una vez más, al Gobierno andaluz le ha pillado el toro y las aulas siguen sin estar adaptadas bioclimáticamente a las necesidades reales que se nos presentan. Esto se debe, sin lugar a dudas, a una clara falta de previsión y de inversión en la enseñanza pública".

La dirigente sindical ha lamentado que “les toca, como de costumbre, a los trabajadores y trabajadoras de los centros, con sus directivas a la cabeza, tomar medidas y aplicar por la vía de urgencia soluciones ingeniosas para resolver el problema”. Vega ha puesto de ejemplo del IES Triana en Sevilla, donde se está dando la opción de poder salir antes del horario habitual como consecuencia de la inviabilidad de la labor docente por el calor".

La secretaria general de la federación ha recordado que  el Real Decreto 486 del año 97 sobre seguridad y salud en los puestos de trabajo determina que la temperatura adecuada en los locales donde se realizan tareas sedentarias, es decir, la mayoría de las actividades que se realizan en los centros de enseñanza, debe oscilar en invierno, entre 17 y 24° centígrados y en verano entre los 23 y 27°." Esto afecta en los centros educativos, no sólo a las aulas, sino a las oficinas, talleres, pasillos, escaleras, comedores y a todas las instalaciones educativas”.

Vega ha reseñado que “superar los 27 grados, puede dañar la salud y provocar molestias e incomodidad a los trabajadores y alumnado, afectando a su bienestar en la ejecución de las tareas y al rendimiento laboral y escolar", además de poder dar lugar a pérdidas de conocimiento, mareos, vértigos, trastornos circulatorios y cardíacos".

CCOO ha denunciado que "en numerosos espacios de los colegios e institutos de Andalucía estos límites de temperatura se están incumpliendo. Por eso, reclamamos que se retome la Ley de Bioclimatización que está parada y sin visos de activación para negociar con los agentes sociales".

Al mismo tiempo el sindicato ha lamentado el “uso partidista” que desde el Gobierno andaluz se está haciendo de la enseñanza,  que se vanagloria de las inversiones que ha realizado durante su legislatura, cuando la realidad, como está quedando demostrado, es bien distinta”. “Las actuaciones en materia de bioclimatización están paradas, como la instalación de aires acondicionados, o con los aparatos instalados desde hace meses, pero sin la adecuación eléctrica que permita ponerlos en funcionamiento; y la escasa o nula implantación de espacios con arboledas o cualquier otro elemento artificial que de sombra".
"La comunidad educativa no puede permitir que sean el alumnado, los docentes y los trabajadores y trabajadoras de los centros los que sufran la incompetencia de la Administración que a lo único que se ha dedicado durante este mandato es a ir apagando fuegos, gestionando desde la improvisación", sentencia Vega.

CCOO ha instado a todos los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos andaluces “a que en estas fechas nos informen si la temperatura de su centro supera los 27° centígrados para iniciar, a través de nuestros delegados y delegadas de prevención, una reclamación urgente ante la Inspección de Trabajo para que ponga remedio a un problema de debería estar resuelto hace años si desde el Gobierno andaluz se hubiesen ejecutado políticas serias y responsables donde, de verdad, se hubiese priorizado la enseñanza pública y no haber usado esta sólo como reclamo electoral y propagandístico que es lo que estamos viendo en los últimos días”, ha apostillado la dirigente.