El sindicato ha advertido que el Presupuesto de la Junta de Andalucía aprobado para 2023 “desvela la falta de voluntad del Gobierno andaluz de garantizar la suficiencia financiera del Sistema Universitario Público Andaluz, establecida en la Ley de Universidades de Andalucía. Es una muestra más del fracaso del reciente modelo de financiación que, basado en criterios arbitrarios, incrementa la desigualdad entre Universidades y la deshomologación de las plantillas del sistema universitario público”, ha criticado la secretaria general de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega.

La federación de Enseñanza de CCOO de Andalucia ha advertido que el Presupuesto de la Junta de Andalucía aprobado para 2023 “desvela la falta de voluntad del Gobierno andaluz de garantizar la suficiencia financiera del Sistema Universitario Público Andaluz, establecida en la Ley de Universidades de Andalucía”.

Según ha denunciado la secretaria general de dicha federación, Marina Vega, “el presupuesto es una muestra más del fracaso del reciente modelo de financiación que, basado en criterios arbitrarios, incrementa la desigualdad entre Universidades y la deshomologación de las plantillas del sistema universitario público”.
 
Para Vega los presupuestos aprobados “no garantizan la totalidad de la subida salarial acordada con el Gobierno central. No garantizan, por tanto, la cobertura financiera del 100% del capítulo de nóminas de personal, lo que aboca a la destrucción de puestos de trabajo y al aumento en la precarización de las plantillas”.

Además, según explican desde el sindicato, parte de la financiación aprobada para el Sistema de Universidades Público de Andalucía, no tiene carácter estructural, si no que proceden de fondos europeos destinados a promover programas específicos, “con el que se quiere maquillar la falta de financiación estructural, poniendo en riesgo el sostenimiento y desarrollo de las Universidades Públicas en Andalucía”.

Vega ha afirmado que la intención del Gobierno de la Junta de Andalucía “es clara: desmantelar del Sistema Público de Universidades en favor de los que quieren hacer negocio con la privatización de la educación superior. Con esta intención, la política desplegada, desde su llegada al Gobierno de la Junta de Andalucía, no ha hecho más que reducir el peso específico de las plantillas de personal en particular, y el de la Universidad en su conjunto, en general. Se facilita así el camino de entrada de universidades privadas que se encuentran en lista de espera, que no han recibido informe positivo del Ministerio para su implantación, por no cumplir los requisitos mínimos de calidad. La intención del Gobierno de la Junta de Andalucía es la de igualarlas en derechos con las Universidades Públicas, pero no en obligaciones, en cuanto a los estándares de calidad”.
 
El sindicato ha defendido que el sistema universitario público es “un motor de desarrollo y una garantía para la igualdad de oportunidades en la formación y acceso al empleo, pero el Gobierno andaluz lo percibe como un obstáculo para su negocio a partir de la privatización de la educación superior desde academias o centros adscritos”, ha criticado Vega.