El sindicato ha denunciado el incumplimiento en la dotación del personal técnico de prevención que regula la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95; que “es fundamental para la prevención de la salud de los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos”.

En la reunión del Comité Sectorial de Seguridad y Salud del personal docente de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, CCOO ha exigido a esta Administración que proceda a nombrar al personal técnico de prevención de riesgos laborales que corresponde a cada una de sus delegaciones territoriales según determina la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, publicada hace casi 30 años; y al plan de prevención creado por esta Consejería.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha explicado que “se debería de contar con, al menos, 98 técnicos y técnicas de prevención y 8 coordinadores y coordinadoras, según el plan de prevención aprobado por la propia Administración en 2014, un número ya de por si insuficiente. Tan sólo se dispone de 25 técnicos y técnicas de prevención”.

CCOO ha denunciado que existen informes de inspección de trabajo y de Gobernación que determinan la falta de personal técnico de prevención en las delegaciones territoriales de Desarrollo Educativo. “Reglamentariamente se debe dotar de un personal técnico de prevención por cada 500 trabajadores y trabajadoras por lo que, tan sólo para el personal docente, Andalucía debería contar con más de 200 técnicos frente a los escasos 25 existentes; la plantilla, por ejemplo, que tiene un Instituto de educación”, denuncia Vega.

Desde el sindicato se recuerdan las “innumerables tareas que tiene que desarrollar este personal técnico para los centros educativos andaluces: elaborar informes de adaptación de puestos de trabajo, coordinar los comités de acoso, crear mapas de riesgos analizando los peligros que puedan generarse en el trabajo, asesorar o asistir a procesos administrativos, entre otras”.

Además, la responsable sindical señala como “preocupante” que “aunque deberían ser públicos, estos comités están contando con el apoyo de servicios privatizados, cuyos acuerdos de vigencia finalizan en breve; algo que dificultará estas tareas si no se dota del personal técnico imprescindible”.

Para CCOO “es responsabilidad de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional velar por la seguridad y salud de sus trabajadores y trabajadoras, cuestión que incumple al no dotar de los recursos humanos necesarios y que determina la normativa”. “Argumentar que es requisito que la Consejería de Función Pública modifique la relación de puestos de trabajo para dotar de este personal técnico, es lanzarse la pelota entre Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía; algo que denota el escaso valor que el Gobierno andaluz otorga a la salud de los trabajadores y trabajadoras de sus centros educativos”, censura la dirigente sindical.

CCOO critica que “aún existen centros educativos en los que está presente el amianto, un proceso de retirada al que, en opinión de Vega, no se le está dedicando todo el esfuerzo necesario”. El sindicato ha mostrado su preocupación por los próximos pasos que deben darse en este sentido, en tanto en cuanto; y, según ha informado la propia Consejería, se hará uso de fondos europeos, lo que puede ralentizar estas retiradas por los procesos administrativos que este tipo de ayudas conllevan”.

Vega ha avanzado que “CCOO está estudiando demandar a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional por no dotar del personal técnico a las unidades de prevención de sus delegaciones territoriales si, como se le ha pedido en la reunión del Comité Sectorial de Seguridad y Salud del personal docente, no pone encima de la mesa un calendario efectivo de dotación de este personal”.