El sindicato denuncia que el Gobierno andaluz “no controla, no vigila y no aplica cláusulas sociales en las licitaciones y eso motiva que las empresas que prestan los servicios incumplan los convenios colectivos y haya un caos en los tipos de contrato que aplican, siempre en perjuicio de las trabajadoras y trabajadores”.

“Se puede dar la situación de que en un mismo centro haya dos trabajadoras de Integración Social y que una cobre la mitad de salario que la otra y tenga unas peores condiciones haciendo el mismo trabajo porque una es trabajadora pública y la otra está subcontratada”, explica CCOO.

El sindicato ha advertido que si la Consejería de Desarrollo Educativo no da una solución a esta situación de discriminación y de perjuicio laboral, habrá conflicto laboral en el mes de junio.

La federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha vuelto a denunciar la precariedad laboral del personal de los servicios educativos complementarios en los colegios públicos andaluces, en su mayoría trabajadoras (95%) que desempeñan sus funciones en empresas privadas licitadas con la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), organismo dependiente de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional cuya obligación, entre otras, es la de controlar los pliegos de condiciones que se sacan a concurso y velar porque estos se cumplan escrupulosamente.

En cambio la secretaria general CCOO Enseñanza Andalucía, Marina vega, ha explicado que el Gobierno andaluz “no controla, no vigila y no aplica cláusulas sociales en las licitaciones y eso motiva que las empresas que prestan los servicios incumplan los convenios colectivos y haya un caos en los tipos de contrato que aplican, siempre en perjuicio de las trabajadoras y trabajadores”.

En ese sentido, Vega ha exigido que se cumpla con el convenio colectivo del sector, actualizando las tablas salariales de estas profesionales y firmando contratos indefinidos a tiempo completo durante todo el año, incluidas las vacaciones. “Hasta la fecha, muchas de estas empresas no sólo no cumplen con lo estipulado por el convenio, sino que de manera unilateral y sin consultar con la representación legal de las trabajadoras, modifican contratos de forma irregular, pasando del indefinido parcial al fijo discontinuo”.
 
Según ha manifestado la responsable sindical, “el personal complementario de los centros educativos públicos andaluces está casi al 100% externalizado”. En concreto, el sindicato se refiere al Personal Técnico de Integración Social (PTIS),  a las Intérpretes de Lengua de Signos Española (ILSE), al personal de comedor, aulas matinales, actividades extraescolares y de transporte escolar.

Además, el sindicato ha señalado que se trata de un sector “que se encuentra asfixiado por la falta de efectivos y sufre continuos traslados de centros en todo el territorio andaluz, con el consiguiente déficit en la calidad del servicio prestado y perjuicio para las personas que necesitan de estas figuras profesionales”.

Vega ha criticado que actualmente las profesionales dedicadas al alumnado con Necesidades Educativas de Apoyo Específico (NEAE) se encuentran realizando las mismas funciones en dos grupos diferenciados. Por un lado, el grupo de personal laboral con convenio de la Junta de Andalucía (no llegan a 1.000 trabajadoras) y, por otro, más de 1.500 profesionales que trabajan para las empresas licitadas por la APAE (la gran mayoría) que se rigen por un convenio diferente y cobran, en algunos casos, hasta un 50% menos que las laborales.

CCOO ha pedido a la Consejería en reiteradas ocasiones la reversión a lo público de todo el empleo privatizado con garantías. “A partir del 23 de junio, último día lectivo de clase, el contrato de las trabajadoras en empresas privadas se verá interrumpido como si de una actividad estacional se tratase”. “Es inadmisible que el Gobierno andaluz permita el uso de este tipo de contrato que contradice la normativa laboral dejando en situación de desempleo a cientos de familias desde final de curso hasta el inicio del año académico siguiente”.

Además, prosigue Vega, “existen numerosas empresas que aún no han aplicado a las nóminas de sus trabajadoras el incremento salarial del 2,9% según la propia Resolución de 07 de marzo de 2022 de la Junta de Andalucía”.

CCOO de Andalucía denuncia que “el año pasado varios alumnos que no pudieron asistir a los centros educativos por falta del personal ILSE y además, una veintena de estas profesionales, sufrieron traslados forzosos de sus centros educativos habituales a otros nuevos, donde tuvieron que empezar todo el proceso de valoración del nuevo alumnado desde cero”, explica  Vega.

Por su parte, Noemí Montilla, adjunta de Servicios Externalizados de la Federación de Enseñanza del sindicato, ha avanzado la puesta en marcha de una campaña informativa y de sensibilización por parte de CCOO para que toda la sociedad conozca la situación que sufren estas trabajadoras y trabajadores considerados por el propio Gobierno andaluz como esenciales.

El sindicato ha advertido que habrá conflicto laboral en el mes de junio si la Consejería de Desarrollo Educativo no da una respuesta a esta situación de discriminación e inestabilidad.