Reclaman un sistema de financiación que garantice la suficiencia financiera de las universidades y que haga frente a los compromisos con su personal, dando cumplimiento a los acuerdos adquiridos con las plantillas desde 2018. Para ello, exigen la aportación del 1% del PIB andaluz establecido en la LOSU, lo que redundará en la mejora y el sostenimiento de la calidad del Sistema Público Universitario.

En enero de 2023, se convocaron las Mesas de negociación andaluzas del ámbito universitario, tras años de insistencia desde las organizaciones sindicales; pero desde entonces, va para cinco meses, y hasta ahora, se nos viene dando largas, sin obtener resultado alguno, en todas las reuniones que se han celebrado; con la impresión, además, de que existe una intencionalidad no reconocida de dilatar la negociación.

Durante todos estos meses las centrales sindicales han asistido a las reuniones con el talante más dialogante y colaborador que cabe, aportando ideas buscando puntos de consenso que no han sido correspondidos por la Administración andaluza. Los puntos urgentes de resolución son una 1.- nueva convocatoria de complementos autonómicos para el profesorado-investigador (complementos que tienen todas las autonomías), que además de llevar sin convocarse casi cinco años, afectan a los sueldos más precarios de las plantillas, correspondientes al personal de las categorías más bajas. De otro lado, pero no menos importante es 2.- el complemento de carrera horizontal aplicando el diseño de la misma para el personal de administración y servicios, otra de las columnas de sostén de nuestras universidades junto al profesorado, para que desarrollen su promoción de manera óptima, en bien del sistema universitario; además de 3.- pago completo del quinto tramo una reivindicación económica del referido personal, similar a la de los complementos del profesorado. No lejos en importancia de lo anterior, está 4.- la adecuación del sistema andaluz de universidades a la nueva ley nacional (LOSU), que requiere urgentes medidas negociadas con las universidades y los sindicatos.     

Resulta paradójico, si comparamos la gestión de la Junta de Andalucía en el ámbito universitario con la de otros sectores de la administración (enseñanza, sanidad, por ejemplo) que, DURANTE los ÚLTIMOS  5 cinco años, la Junta de Andalucía actual no ha alcanzado ningún acuerdo en materia de personal en las Universidades Públicas de Andalucía. Dicho de otro modo, se les pudiera estar aplicado recortes, teniendo en cuenta la pérdida creciente de poder adquisitivo y el envejecimiento progresivo de las plantillas. No quisiéramos tampoco albergar el pensamiento de que, de manera deliberada, se está intentando deteriorar el SISTEMA PÚBLICO UNIVERSITARIO, a la vez que se contempla, cuando no se favorece, el Sistema de las Universidades Privadas, con las que sí se ha acordado su implantación, sin cumplir los requisitos de calidad establecidos por el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio.

Los sindicatos piden al gobierno andaluz que se centre en desarrollar un modelo de financiación que permita la suficiencia financiera de las universidades públicas andaluzas, con el objetivo del 1% del PIB andaluz en la aportación de la comunidad autónoma al SUPA para garantizar la calidad del sistema, así como la cobertura del 100% del capítulo 1 de los presupuestos y el cumplimiento de los acuerdos pactados en 2018. De tal manera, se podrían cumplir los compromisos expuestos.

En suma, las organizaciones sindicales universitarias CCOO, CSIF y UGT instan al ejecutivo andaluz a que aplique el 1 % del PIB andaluz a la financiación de las universidades públicas y a que retome, sin tardanza, las negociaciones para dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados en 2018 con la aplicación de los atrasos correspondientes a estos 5 últimos años.