Fundación Diagrama gestiona en Andalucía varios centros y recursos de protección de menores, reforma juvenil y mayores.

El sindicato ha denunciado el despido de una trabajadora y que la Fundación se haya negado a readmitirla pese a que, tras celebrarse el juicio y el juez haya sentenciado que “no existe causa alguna que lo justifique, indicando expresamente la improcedencia de este y recomendando a la empresa su readmisión, la empresa ha  optado por indemnizarla”. “Si no se retracta en breve de su decisión, iniciaremos movilizaciones en defensa de la trabajadora”.

CCOO ya denunció a primeros de año un despido disciplinario en la Fundación Diagrama a la trabajadora E.M.P. del Centro de Internamiento de Menores Infractores “Genil”, de Granada. El sindicato ha recordado que “se la acusaba injustamente de una serie de incumplimientos como fraude, deslealtad, indisciplina, desobediencia, negligencia en el trabajo, disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo, etcétera porque un menor que estaba cumpliendo una medida judicial de internamiento se fugó del centro saltando una tapia”. La realidad, según apunta la central “es que el deficiente proyecto de obras del citado centro, los problemas de seguridad pasiva que tiene y la sobrecarga de trabajo que los trabajadores y trabajadoras se ven obligadas a soportar por estas y otras deficiencias, eran los verdaderos culpables de la falta de seguridad en el centro”.

El despido a la citada trabajadora fue recurrido y, tras celebrarse el juicio, el juez ha sentenciado que “no existe causa alguna que lo justifique, indicando expresamente la improcedencia de este y recomendando a la empresa la readmisión de la trabajadora”.

El sindicato denuncia que “a pesar de quedar demostrado judicialmente que no existía motivo para despedir a la trabajadora, esta Fundación sin ánimo de lucro ha decidido incomprensiblemente no readmitir a la trabajadora optando por indemnizarla”.

La secretaria general de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha calificado de “inadmisible” que “en un servicio público, aunque esté concertado, se permitan despidos disciplinarios a empleados o empleadas cuando el motivo real de estos despidos no es la mala praxis por parte del trabajador sino injustificadas decisiones por parte de esta empresa, máxime cuando esos despidos se sufragan con dinero público. Es una perversión del sistema que el Gobierno de la Junta de Andalucía debe zanjar con carácter inmediato”.

CCOO ha advertido que “si la empresa no se retracta en breve de su decisión, iniciará movilizaciones en defensa de la trabajadora”.