Tras la aprobación del nuevo de modelo de reparto de la financiación universitaria, el sindicato ha pedido el cumplimiento de los acuerdos y el pago de los atrasos correspondientes para las 40.000 personas, tanto de Personal Técnico de Gestión y Administración y Servicios como de profesorado que trabajan en el sistema universitario público andaluz, tras 5 años de incumplimiento del Gobierno andaluz.

La federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha explicado que el pasado 26 de julio en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) se presentó un documento de financiación teórica sin ningún dato económico “que fue aceptado a la trágala por las Universidades, que firmaron un cheque en blanco y ahora ese documento de financiación se ha aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a pesar de no cumplir las condiciones requeridas en el CAU por las rectoras y los rectores”.

La federación señala que “la aprobación llega el mismo día que el Parlamento de Andalucía ha aprobado la creación de dos nuevas universidades privadas, sin cumplir los requisitos legales establecidos y con una tramitación de dudosa constitucionalidad y justo una semana después de iniciarse la tramitación en el CAU de la implantación de la cuarta universidad privada en Andalucía, que se instalará también en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Málaga”.

Por otra parte, el 27 de junio se aprobó el nuevo decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que la Consejería amenaza con implementar antes de la primavera.

La secretaria de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha afirmado que “estos pasos forman parte de la estrategia de desgaste y reducción del sistema universitario público del Gobierno andaluz para facilitar la implantación de un sistema privado paralelo, con hasta ocho universidades privadas que a todas luces se nutrirán de la reducción de titulaciones en el sistema público, lo que eufemísticamente llama la Consejería racionalización y simplificación del sistema”.

Vega ha advertido que el nuevo modelo de financiación “incumple las expectativas generadas porque mantiene la incertidumbre del sistema hasta 2027 tal y como se recoge en el propio documento” “El documento de bases se completará posteriormente, con una segunda parte compuesta por un conjunto de reglas de cálculo en virtud de las cuales se determinará en cada ejercicio presupuestario la financiación correspondiente a las diez universidades”. (Fuente documento publicado Junta de Andalucía).

Asimismo, la dirigente ha explicado que tampoco se cumple el mandato legal de alcanzar el 1% del PIB establecido en la LOSU. “Actualmente, ese esfuerzo presupuestario representa el 0,97% sólo de financiación básica, que alcanza el 1% con los proyectos estratégicos”. (Fuente documento publicado Junta de Andalucía).

“Sin embargo, según los cálculos expuestos por la Consejería, en el propio CAU, el punto de partida es el 0,93% del PIB por lo que se hará imposible alcanzar realmente el objetivo del 1%”.

Igualmente, el documento que publica el Gobierno andaluz indica que hasta el 30% de la financiación tendrá que proceder de fondos propios. “El nuevo modelo de financiación establece que estas instituciones, en un ejercicio de corresponsabilidad, procurarán incrementar gradualmente estas fuentes propias hasta llegar al menos al 30% de la financiación”. (Fuente documento publicado Junta de Andalucía).

“El día después de las promesas en la inauguración del curso universitario en Andalucía, las Universidades andaluzas han despertado comprobando que con su silencio cómplice han comprado una moto averiada, sufriendo una lección magistral de trilerismo político”, lamenta Vega.