La federación de Enseñanza de CCOO Andalucía inicia una campaña de movilizaciones para insistir en su demanda del necesario incremento de las plantillas docentes en Andalucía para garantizar la calidad del sistema educativo y el derecho a la educación en igualdad de oportunidades. Si no se producen avances significativos en las próximas negociaciones con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, el sindicato ya ha advertido que “estas movilizaciones se intensificarán en las próximas semanas”.

Esta es la principal reivindicación reflejada en el informe sobre la situación del sistema educativo público andaluz elaborado por CCOO Andalucía, en el que se incluyen datos que reflejan la “dejadez y el deterioro al que el Gobierno de Andalucía está sumiendo al sistema educativo público andaluz”. En concreto, de los 6.565 docentes contratados después de la pandemia, solo se han recuperado 3.900, lo que supone que se han eliminado 2.645. Eso significa la supresión de un 40%, mientras que en el resto del estado se ha perdido el 33,09%.

Pero además, el sindicato ha recordado que “la Consejería anunció el pasado 1 de septiembre la contratación de 1.235 docentes como refuerzos pedagógicos cuando en realidad no ha sido más que un ajuste de plantilla, habitual en septiembre, unido a una mala planificación y a unas ratios mucho más altas del máximo legal permitido en algunas zonas de Andalucía”. “Ninguno de esos puestos anunciados ha sido codificado como de refuerzo o apoyo”, apunta CCOO.

Según denuncia el sindicato “todo ello se enmarca en la política de favorecer la privatización de los sistemas públicos andaluces, entre ellos la educación, donde queda patente el descenso de las plazas en la oferta pública en educación infantil y primaria, el crecimiento de las plazas de FP privadas y la aprobación de cuatro universidades privadas”.

El informe concluye con una serie de medidas propuestas por CCOO Andalucía para la mejora del bienestar y la convivencia de la comunidad educativa. Entre ellas se encuentran la disminución de la ratio del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo; la contratación de personal de apoyo específico para este alumnado y su detección precoz; la contratación de coordinadores de bienestar y protección de la infancia y la adolescencia, como obliga la Ley Orgánica 8/2021; y la reducción del horario lectivo de los docentes. Estas medidas se cuantifican en la contratación de 19.180 profesionales, con una inversión de 527.247.480 euros, lo que supondría solo un 0,27% del PIB andaluz.

La secretaria general de la federación de enseñanza de CCOO Andalucía, Marina Vega, ha afirmado que “la única forma de revertir este deterioro del sistema educativo público andaluz es la voluntad política del gobierno de Andalucía por aumentar la oferta educativa gratuita y de gestión directa”.