CCOO de Andalucía, como sindicato mayoritario del sector, ha llamado a la plantilla de Personal Técnico en Integración Social y a la de Intérpretes de la Lengua de Signos a secundar la huelga del próximo 7 de noviembre. El sindicato ha dejado claro que “no parará en esta lucha hasta que se cumpla con lo legalmente establecido en las normas laborales vigentes para que haya una atención totalmente digna al alumnado más vulnerable de los centros educativos públicos de Andalucía y a sus familias”.

Después del masivo seguimiento de la huelga del pasado 27 de octubre, ni la empresa OSVENTOS S.L., ni la Agencia Pública Andaluza de Educación se han puesto en contacto con CCOO para iniciar la negociación que acabe revirtiendo la situación de precariedad de la plantilla de esta empresa, no sólo respecto al abono de la totalidad de las horas que por convenio le corresponde, sino también a la situación que venimos denunciando desde hace años en relación a los contratos, las tablas salariales, los atrasos, el impago de nóminas, y que, son extensibles, al resto de empresas del sector

Por ello, CCOO vuelve a llamar a la plantilla de PTIS (Personal Técnico en Integración Social) e ILSE (Intérpretes de la Lengua de Signos) de la empresa Osventos Innovación en Servizos SL, con servicio en toda Andalucía, compuesta por unas 1.150 personas, a secundar la huelga el día 7 de noviembre 2023.

La federación de Enseñanza de CCOO ha recordado que los PTIS e ILSES son las trabajadoras y trabajadores que llevan a cabo el servicio de apoyo y asistencia escolar al alumnado con necesidades de apoyo específico (NEAE) en los centros educativos públicos andaluces.

Como explica la federación “este personal viene siendo subrogado por diferentes empresas que disponen de la adjudicación del servicio mediante licitaciones públicas de la Junta de Andalucía, siendo actualmente Osventos Innovación en Servizos SL. la que ha precarizado aún más las condiciones laborales del colectivo, llevando a cabo una regularización salarial basada en el abono sólo de las horas de trabajo efectivas”.

CCOO, sindicato mayoritario del sector ha señalado algunas de “esas injusticias laborales para que, tanto la Delegación de Educación como la APAE, que ejecuta las órdenes de la delegación de Educación, mejoren estas condiciones, pues solamente estos entes públicos y públicos-privados en el caso de la APAE, pueden dar solución a todas estas irregularidades”.

Entre ellas, la federación habla de incumplimiento de convenio en cuanto a las retribuciones. “La empresa obvia por completo las tablas salariales recogidas en el XV Convenio colectivo general de Centros y Servicios de Atención a personas con discapacidad  y ha elegido su propia fórmula para calcular los salarios de las trabajadoras y trabajadores”.

Asimismo, el sindicato denuncia incumplimiento reiterado del convenio en cuanto al abono de las nóminas en el plazo que marca el mismo, esto es del 1 al 5 de cada mes; errores en las fechas de altas de las trabajadoras y trabajadores en la Seguridad Social aún sin subsanar; impago de los atrasos generados por la actualización de las tablas salariales publicadas en BOE 16 Febrero 2023; reducciones de jornadas de trabajo que en algunos casos llegan a modificarse de una jornada de 30 horas a otra de 15 horas semanales; sentimiento de maltrato y abandono por parte de la APAE por obviar los pliegos redactados por ella misma donde aparecen una serie de condiciones que las empresas tienen que cumplir y no cumplen. “La APAE no está siendo garante y vigilante de un servicio que adjudica y en el que se invierte mucho dinero público”, denuncia CCOO. “Este sector es mayoritariamente femenino, y muchas familias dependen de este único salario para poder sobrevivir”, puntualiza la central.

CCOO ha dejado claro que “no parará en esta lucha hasta que se cumpla con lo legalmente establecido en las normas laborales vigentes,  en el XV Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad y las trabajadoras y los trabajadores del sector tengan por cumplimentados todos sus derechos laborales, lo que a su vez facilitará una atención totalmente digna al alumnado más vulnerable de los centros educativos públicos de Andalucía y a sus familias”.