Duras críticas de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía al Gobierno andaluz por desvincularse de los motivos que han llevado a convocar una huelga indefinida en Andalucía al Personal Técnico de Integración Social (PTIS) e Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE). La secretaria general de la federación de Enseñanza de CCOO en Andalucía, Marina Vega ha calificado de “estafa” los argumentos esgrimidos por el Gobierno andaluz, que “echa balones fuera y culpa al Gobierno central y al Partido Socialista de la precariedad de las PTIS e ILSE privatizadas, cuando es un tema de su competencia y, por lo tanto, su responsabilidad”.

La secretaria general de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha criticado con dureza el comunicado emitido por el Gobierno andaluz desvinculándose del conflicto de PTIS e ILSE en Andalucía que desde ayer están en huelga indefinida por el incumplimiento de su convenio y de la precariedad laboral que sufren.

Vega ha acusado el Gobierno andaluz de “faltar a la verdad” y ha aseverado que “es increíble que eche balones fuera culpando de una situación que es su responsabilidad al Gobierno central y al Partido Socialista, cuando no tienen nada que ver con la precariedad que sufren las PTIS e ILSE privatizadas”.

Además, CCOO deja claro que “la responsabilidad de la atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), que sufre las consecuencias de forma directa, es de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, que ahonda en la mala calidad de la enseñanza y del servicio que prestan estas trabajadoras dada la precariedad en la que se encuentran".

Asimismo, la dirigente sindical ha calificado de “insulto a la inteligencia de los y las andaluzas” la actitud del Ejecutivo andaluz, al tiempo que ha dejado claro que “es una muestra más del talante tergiversador y prepotente con el que actúa”. “Mienten sin ningún tipo de rubor y siendo conscientes de que lo que afirman no es cierto cuando manifiestan que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional firma contratos con empresas, no con trabajadores, cuyas condiciones laborales están sujetas a los correspondientes convenios colectivos; añadiendo que los conflictos laborales entre estas empresas y los trabajadores deben resolverse en ese marco y que es el Ministerio de Trabajo, a través de la inspección laboral, quien debe velar por el cumplimiento de los conflictos laborales”.

CCOO ha explicado que “no se trata de un conflicto laboral entre empresas y trabajadores, el conflicto radica en que la Junta de Andalucía, garante del servicio público y, sobre todo, del dinero público de ese servicio, dice que no le compete a ella fiscalizar, velar y controlar el contrato que ella firma, cuando la Ley de Contratos del Sector Público establece que para garantizar que en la ejecución de los contratos los contratistas (en este caso las empresas que prestan el servicio) cumplen con las obligaciones aplicables en materia social o laboral, los órganos de contratación (en este caso la Consejería de Desarrollo Educativo y FP) estarán obligados a adoptar las medidas pertinentes”.

Pero además, la citada Ley en su art. 62 establece que “le corresponde al órgano de contratación, -en este caso la Consejería de Desarrollo Educativo y FP-, supervisar la ejecución del contrato”.

El sindicato ejemplifica así la “gravedad  y el sinsentido” de las declaraciones del Gobierno andaluz. “Si por ejemplo una empresa decide abonarle a una trabajadora solo la mitad de su sueldo, el Gobierno andaluz no puede hacer nada a pesar de que le paga a las empresas puntualmente para que cumplan con el contrato, sino que tiene que ser el Ministerio de Trabajo el que le diga a la empresa que lo está haciendo mal”. “Está claro que estamos ante una estrategia para manipular a la opinión pública pero sobre todo a las PTIS e ILSE que roza el nivel de lo absurdo”, argumenta Vega.

Asimismo, CCOO recuerda que la Consejería “está incumpliendo el art. 37 de la Ley de Contratos del Sector Público el cual establece que los documentos en los que se formalicen los contratos deberán incluir la obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación”. “Tampoco dice el comunicado del Gobierno andaluz que incumplen los artículos 130 de la LCSP (que establece cuáles son las condiciones económicas de las personas trabajadoras), el art. 101 y 102 (que fija los costes laborales derivados de los convenios colectivos sectoriales de aplicación), así como el art. 122 (que establece la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación)”, defiende la dirigente.

Asimismo, Vega ha señalado que “la Consejería incumple el art. 166 del Estatuto de Andalucía, que señala que los poderes públicos andaluces velarán por los derechos laborales de los trabajadores, ni que el art. 189 establece respecto del gasto público que compete a la Junta de Andalucía la coordinación, transparencia, contabilización y adecuado control económico-financiero”.

“Está claro que al Gobierno andaluz no sólo no le importa la situación de más de dos mil cien trabajadores y trabajadoras sino que, además de faltar a la verdad e intentar confundir a la ciudadanía, juega de forma torticera a introducir una pugna política con el partido en el Gobierno que, en este caso, no tiene responsabilidad alguna sobre un contrato que es la Junta quien tiene que gestionar”.