El sindicato hace un llamamiento a los empleados públicos para que se sumen a la huelga general del próximo 14 de noviembre

El Área Pública de CC.OO. de Andalucía denuncia la situación que se puede generar a nivel de destrucción de empleo tras la aprobación del Reglamento de procedimiento de despidos colectivos y de suspensión de contratos y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. El despido en este ámbito ya se recogía en la pasada reforma laboral, en  el Real Decreto-ley 3/2012 de 10 de febrero, que obligó a convocar la huelga general del pasado 29 de marzo.
 
José Blanco, Coordinador del Área Pública de CC.OO. de Andalucía  ha insistido en que “el despido masivo de trabajadores del ámbito público aumentará el porcentaje de desempleo, elevándolo a cifras socialmente inadmisibles . De hecho por primera vez la destrucción de empleo público supera a la que se produce en el sector privado.”
 
En sus títulos primero y segundo se centra en el despido en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores, pero es el título tercero el que determina el procedimiento de despido al personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público, privando incluso al personal afectado de la posibilidad de reducir sus jornadas o sufrir su aplicación de manera temporal. El único método que contempla es la extinción de contrato o el despido. En el sector privado, sin embargo, antes de recurrir a despidos se pueden poner en marcha medidas de "flexibilidad", como ERE de reducción de jornada o temporales, algo que no ocurrirá en las administraciones públicas.
 
Además, empeora notablemente los borradores conocidos hasta la fecha al rebajar al 5% la insuficiencia presupuestaria que en las primeras versiones exigía al menos el 10%, y a los que las organizaciones sindicales habían realizado alegaciones que no han sido consideradas. 
 
“Es injustificado e inadmisible –insiste José Blanco- que el objetivo de este reglamento sea destruir los puestos de trabajo de los servicios públicos, y que la causa que se alegue para la extinción sean los presupuestos de los dos últimos ejercicios, dónde consten los gastos de personal y una memoria de las causas económicas… Sabiendo cómo han sido los últimos ejercicios, con estos requisitos todo el Personal Laboral está amenazado.
 
Con la promulgación de esta norma hay otro motivo más para secundar la convocatoria de huelga general del día 14 de noviembre. Los empleados públicos no deben ser los que soporten los efectos de esta política de recortes que día tras día crea más paro.