Si repasamos la historia reciente de las condiciones laborales de los psicólogos, trabajadores sociales, educadores, personal de servicios, etc., que atienden en España tanto a los menores infractores como a los menores en situación de desamparo es más que obvio que a ciertos poderes fácticos no le interesan que estos cualificados profesionales, que desarrollan su labor profesional en un sector tan delicado y difícil como es la atención directa a la infancia, la adolescencia y la juventud en riesgo de exclusión o directamente excluida, tengan una condiciones dignas de trabajo.
 
El penúltimo asalto ha sido volver a intentar desmantelar el convenio colectivo que los regula –y con ello el sector en su totalidad- presentando una enésima demanda de impugnación en la Audiencia Nacional. Como no puede ser de otra manera –CC.OO. sigue con su trabajo en este sector a pesar de las adversidades- la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha vuelto a desestimar la demanda. Se ve que a determinadas patronales les sobra el dinero para pagar a sus bufetes de abogados para que presenten una tras otra infructuosas demandas.
 
Entendemos que a estas alturas se hace necesario desenmascarar a esas entidades (muchas de ellas vinculadas a la iglesia y con importantes campañas de publicidad que ofrecen su imagen más amable a la vez que esclavizan a sus trabajadores) que parapetadas en su condición de ONG o entidad sin ánimo de lucro gestionan el sector y perciben millones de euros provenientes de las arcas públicas.