El domingo 16 de febrero ha sido el último día de encierro, de los tres previstos, de las monitoras de apoyo administrativo de los colegios públicos de la Consejería de Educación, en defensa de sus puestos de trabajo de los que fueron despedidas por reivindicar sus derechos laborales.

Según un comunicado hecho público por la Plataforma SOS Monitor@s Administrativ@s, los motivos del mencionado encierro son la demanda de soluciones reales y concretas que les den continuidad en sus puestos de trabajo, tales como el reconocimiento de la relación laboral desempeñada como administrativas en los colegios desde el año 2006.

Como reconoce el Estatuto de los Trabajadores,  lo que procede es la subrogación y  “que todas y cada una de las 840 trabajadoras despedidas nos reincorporemos de manera inmediata a nuestros colegios, porque nos asiste el derecho, porque hemos demostrado nuestra valía y porque así lo vienen demandando amplios sectores de la sociedad y de la comunidad educativa (padres y madres, profesorado, equipos directivos, Ayuntamientos y Diputaciones, Sindicatos, etc.)”.

Tras la reunión en el Parlamento andaluz el pasado 13 de febrero, estas trabajadoras decidieron encerrarse en la catedral de Sevilla, al no considerar satisfactorias las propuestas que recibieron del Gobierno de Andalucía, dado que, en última instancia, no suponen la readmisión que vienen reivindicando desde el pasado octubre, mes en el que se iniciaron los primeros despidos.

Como denunciaron el  viernes 14, se vieron obligadas al desalojo del templo hispalense tras las amenazas de la persona responsable del mismo, tras lo cual trasladaron su protesta al Colegio Público “Clara Campoamor” de Bormujos (Sevilla).

Finalmente, el domingo 15 convocaron un acto a las puertas del citado centro docente en el cual leyeron un comunicado dando por finalizada esta movilización concreta y con el compromiso de continuar con otras sostenidas en el tiempo y que irán siendo oportunamente anunciadas. Según palabras de su portavoz,  “hemos decidido continuar la lucha hasta obtener garantías concretas por parte del consejero de Educación, puesto que la valoración que hacemos del relato realizado por su Consejería en el Parlamento, no define una solución para continuar en nuestros puestos de trabajo”. Prosigue afirmando su portavoz que “seguiremos adelante porque es de justicia, porque nos han arrebatado nuestro trabajo y por nuestra dignidad”.