Varios años de continuos recortes legales y presupuestarios, impuesto unilateralmente tanto por la Administración Central como Autonómica en materia de Atención a las personas con Discapacidad y Dependencias, han propiciado que dicha cobertura asistencial como derecho de las personas con discapacidad y dependientes se haya puesto seriamente en peligro.

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