Desde que comenzaron las medidas de austeridad, se ha hecho famosa en el ámbito de las administraciones públicas la denominada “tasa de reposición” para la contratación o convocatoria de plazas de empleados públicos. Esa tasa, actualmente situada en el 10%, debería denominarse más bien “tasa de recorte”, ya que lo que indica en realidad, es que el 90% de las plazas vacantes (por jubilación, fallecimiento o renuncia) deben desaparecer y sólo el 10% pueden reponerse. Es decir, que obliga a una reducción sustancial de la plantilla de funcionarios o empleados públicos. La aplicación durante varios años consecutivos de esta tasa ha llevado a que servicios públicos esenciales, que precisamente con la crisis reciben una mayor demanda asistencial, tengan que trabajar más con menos personal.

Obviamente los ciudadanos están percibiendo que la calidad de los servicios públicos empeora día a día, ya que cada año son menos los empleados públicos para atender más trabajo. Esta tasa también se aplica a las universidades públicas andaluzas, que han inaugurado hace escasamente un mes el curso académico. El principal problema de la aplicación (aunque no el único) de esta tasa de recorte del 90%, es que las Universidades públicas han perdido profesores y personal administrativo y de servicios continuamente durante los últimos años. Desde 2012 en el conjunto de España, las Universidades Públicas han perdido 8.124 empleos según datos del propio Ministerio de Hacienda, de los que más de 1.000 corresponden a las Universidades Andaluzas.

Las necesidades inaplazables y urgentes de contratación para atender la docencia se realizan bajo autorización expresa de la Junta de Andalucía, pero a través de contratos temporales por horas de clase y con unas remuneraciones ridículas para el nivel de cualificación que requieren. Sin embargo, la Junta de Andalucía defiende su compromiso con las Universidades Andaluzas, que se plasmó en el Acuerdo con el Sistema Universitario Público con Andalucía de 2013 y que ya expresaba su preocupación por la descapitalización humana del propio sistema.  Desde entonces poco o nada se ha hecho y, si bien es cierto que los Cuerpos Docentes Universitarios (Catedráticos y Profesores Titulares), son cuerpos estatales y su regulación no corresponde a la Junta de Andalucía, también lo es que todas las categorías de profesorado laboral son competencia autonómica y en ellas, la tasa de reposición durante estos años ha sido del 0%. Es decir, que el recorte ha sido del 100% en el personal docente e investigador regulado por la Junta de Andalucía.

Parece que en estos momentos la Junta de Andalucía va a autorizar la contratación de, al menos una de estas categorías, la de los Profesores Ayudantes Doctores, que son contratos temporales con una duración de entre 3 y 5 años, diseñados para la incorporación de nuevos doctores. Y decimos que “parece” porque, en realidad, sólo hay anuncios deslizados en algunos discursos de inicio de curso, entre ellos el de la Presidenta de la Junta. No se ha planteado abiertamente en qué casos se autorizarán o no, que áreas o materias serán las dotadas con estos contratos y podrán paliar su descapitalización. Tampoco sabemos si todas las universidades andaluzas recibirán estos contratos, ni si lo harán en la misma medida. No se sabe… porque además de que parece que la Junta de Andalucía prefiere negociar con cada rectorado particularmente cada plaza que va a autorizar,, en lugar de plantearlo abiertamente a los órganos de gobierno de las universidades para considerar las necesidades e intereses generales de la institución y garantizar al tiempo la participación de los órganos de representación en todas y cada una de las universidades.

Una vez más se demuestra que la necesaria coordinación del sistema universitario público andaluz es muy deficiente.