[20-03-15] CC.OO. exige tolerancia cero con las acciones o discursos que promuevan actitudes racistas y/o xenófobas

21 de marzo, Día Internacional contra el racismo

En el Día Internacional contra el Racismo, CC.OO. advierte sobre el preocupante rumbo xenófobo de determinados discursos políticos en la Unión Europea, al tiempo que denuncia el hecho de que ésta carezca de una política de inmigración real y efectiva que permita una adecuada gestión de los flujos migratorios y una entrada ordenada y fluida en el territorio de la UE.

Pese a la asunción de competencias por parte de la UE en materia de visados, inmigración y asilo, no se han producido avances en este sentido; aún no existe un desarrollo armonizado y coherente de la normativa de asilo -en el marco del programa de Dublín- y la UE carece de una normativa conjunta sobre cómo gestionar los flujos migratorios y permitir el acceso de manera normalizada y fluida a trabajadores de terceros países: se sigue con un irreal esquema de “inmigración cero” que fomenta las entradas irregulares y el florecimiento de redes de tráfico (e incluso, trata) de personas que dan pie a catástrofes fundamentalmente en el entorno del Mar Mediterráneo (Lampedusa, Ceuta).

Mientras tanto, en los Estados miembros proliferan los discursos discriminatorios y xenófobos. Las opciones políticas de extrema derecha y/o populistas tratan de afianzar sus discursos con falaces debates sobre la identidad, la competencia desleal o el acaparamiento de “ventajas sociales” que vinculan maliciosamente con la inmigración.

En España el Gobierno, por un lado, golpea a la inmigración de forma general a través de los graves recortes en sanidad, educación y otros servicios públicos, mientras por otro lado intenta “invisibilizar” la inmigración: los cinco millones de extranjeros que viven en nuestro país parecen no existir.

Además, insiste el Gobierno en mostrar un aspecto muy menor de la inmigración, como son los episodios fronterizos de Ceuta y Melilla, en los cuales –lejos de aclarar los hechos y depurar responsabilidades por la catástrofe del día 6 de febrero de 2014 o zanjar la aberración de las devoluciones ilegales en la valla- esgrime las dificultades de seguridad del perímetro fronterizo como espantajo generador de alarma social para justificar políticas represivas ante su propia incapacidad de gestión.

CC.OO. exigimos a la Unión Europea que abandone los vacuos discursos humanitaristas y desarrolle de forma efectiva sus competencias en materia de gestión de flujos migratorios y de asilo, al tiempo que instamos al Gobierno de España a que aborde de una manera positiva y proactiva las políticas de inmigración, especialmente aquellas destinadas a la integración social de la población extranjera y de la propia población española, normalizando el acceso a los derechos básicos y fundamentales y respetando la dignidad de las personas, a fin de evitar situaciones de mayor vulnerabilidad y exclusión social.

Asimismo reclamamos de las fuerzas políticas y de las instituciones europeas y españolas, y especialmente del Gobierno de España, una “tolerancia cero” con cualquier actitud o discurso que pretenda fomentar una imagen distorsionada de la inmigración que promueva actitudes racistas y/o xenófobas.

CC.OO. apelamos a la responsabilidad del Gobierno respecto al abordaje de las cuestiones migratorias -máxime en un contexto de grave crisis como el actual- a fin de evitar fomentar una visión reduccionista de las migraciones que genere respuestas de rechazo y xenofobia respecto a la población española. En este sentido consideramos inaceptable el intento de “legalizar” las irregulares prácticas de devoluciones ilícitas en las vallas de Ceuta y Melilla mediante una inserción adicional en el texto de la Ley de Seguridad Ciudadana.

No creemos necesario modificación alguna de la Ley de extranjería, ni mucho menos “en caliente”, para abordar cuestiones que están perfectamente reguladas en nuestra normativa (devoluciones, rechazos, etc.) y que nunca han generado disfunciones en la práctica.

Finalmente, CC.OO. reclamamos al Gobierno de España un pacto de estado integral e integrador que abarque al conjunto de las fuerzas políticas y a los interlocutores sociales (patronal y sindicatos) que somos los que, en la práctica, desarrollamos acciones concretas en el mercado de trabajo y en los centros de trabajo, normalizando de manera cotidiana los procesos migratorios.

Ver propuesta didáctica.

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