El anuncio de considerar al profesorado como autoridad pública por parte de la Comunidad de Madrid es para CC.OO. una propuesta que puede evitar agresiones futuras al profesorado pero que no resolverá los problemas de convivencia escolar. Considerarla como una medida estrella para mejorar la convivencia escolar significaría obviar el carácter formativo que tienen los centros escolares y el trabajo educativo que en ellos se desarrolla.

El anuncio presentado de la presidenta de la Comunidad de Madrid de proponer una Ley de Autoridad del Profesor que otorgue a los docentes madrileños la condición de “autoridad pública”, como lo son ya los jueces e inspectores de sanidad, ha generado numerosas reacciones. El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, señala, por su parte que “estudiará la propuesta cuando esté plasmada en un proyecto de ley y la conozca detalladamente porque por el momento se trata de un anuncio.”

Según Blanco, “la mejora de la convivencia en los centros escolares es un asunto prioritario para CC.OO., que venimos abordando desde hace años. Ciertamente, continúa explicando Blanco, el profesorado necesita el respaldo decidido e  incondicional de las administraciones no sólo para evitar que sufran agresiones verbales o físicas en el ejercicio de su labor sino para que, cuando éstas se produzcan, se tramite la denuncia y la sanción correspondiente para el autor de la agresión.” En este sentido para CC.OO., la medida planteada no resolverá por si sola esta situación porque es necesario concienciar a los padres y madres del alumnado de la importancia de respetar al profesorado y la función docente, una cuestión que no se resolverá con medidas legislativas sino con la dignificación de la labor docente.  

Blanco recuerda que “en Andalucía, el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia propuso, a petición de CC.OO. que las agresiones al profesorado tengan el carácter de atentado contra autoridad pública y que hay una resolución del Fiscal general de Estado en este sentido.”

José Blanco considera que “mejorar la convivencia en los centros educativos es un asunto de toda las comunidad escolar, y en la que intervienen numerosos factores a los que el profesor sólo no puede hacer frente. No se puede obviar que para mejorar el clima escolar es necesario que las clases cuenten con grupos reducidos de estudiantes en los que sea posible conocer y mejorar los entresijos de las relaciones personales que en las aulas se generan, y no sólo con los estudiantes, sino igualmente con los padres y madres de estos, porque la conflictividad escolar no es exclusiva de un entorno social o territorial determinado, de una clase social o de un tipo de familia, sino que afecta a todos los centros escolares públicos y privados.”
 
Para Blanco, “esta medida planteada, más populista que realista, no creará por si sola un  clima adecuado de convivencia en las aulas si el profesorado tiene que impartir las materias en clases que superan el número de alumnos estipulado por la ley, como ocurre en muchas de nuestras escuelas en las que no se dan las condiciones idóneas para impartir una enseñanza de calidad.” Para ilustrar este argumento, Blanco recuerda que “en muchos centros escolares quienes reciben las agresiones, y no sólo por los estudiantes sino incluso por los padres y madres, son los conserjes y ordenanzas, que en nada han sido nombrados en esta propuesta planteada por la Comunidad de Madrid.” Con todo, desde la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía se considera que esta medida “puede ser persuasora para quienes optan por las agresiones ante una situación que no se resuelve acorde a sus intereses.”

Blanco insiste en “que muchos centros escolares andaluces existe un considerable déficit de docentes. Además, el elevado porcentaje de precariedad laboral que sufre el colectivo docente y la continua rotación de profesores en las aulas, es un elemento de riesgo para el clima de convivencia escolar de mayor incidencia en la convivencia en las aulas que considerar o no al profesorado como autoridad pública “.