Desde la Consejería de Educación a través del Ente Público de Infraestructuras y Servicios, está contratando con empresas privadas el servicio de atención al alumnado con necesidades educativas especiales para 487 centros educativos. CC.OO. exige que estas plazas se cubran con empleo público tal como se recoge en el Acuerdo de 29 de marzo de 2007.

Una vez ha finalizado el pasado mes de marzo el período de matriculación del alumnado de las enseñanzas comprendidas entre el segundo ciclo de Educación Infantil y las postobligatorias no universitarias, la Consejería de Educación, a través del el Ente Público de Infraestructuras y  Servicios Educativos (ISE Andalucía), está llevando a cabo con empresas privadas la contratación del servicio de atención al alumnado con necesidades educativas especiales en un número total de 487 centros.

Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, “privatización de este servicio vinculado a la educación es una medida grave que hará perder calidad al sistema educativo”.

La privatización que se está llevando a cabo va a suponer la pérdida de 487 empleos públicos. CC.OO. informa que para el desempeño de este trabajo  existe una categoría profesional dentro del personal laboral de la Consejería de Educación a la que se le exige una cualificación profesional de Ciclo Formativo de Grado superior. Ello va a suponer, continúa Blanco, que “en la escuela pública va a haber alumnado con una atención prestada por profesionales adecuadamente formados, el personal de la Consejería de Educación, y otro alumnado cuya atención la va a prestar personal ajeno a la Administración Educativa y del cual desconocemos los requisitos profesionales y formativos que se les exige.

Según CC.OO., incluso va a darse la circunstancia de que en un mismo centro coexistan desempeñando idénticas tareas en la atención a este alumnado, personal de la Consejería de Educación y de empresas privadas.

Para el sindicato esta privatización constituye una fuente de empleo precario, tanto por los salarios percibidos por este personal, como por las condiciones de trabajo en que este se desarrolla, sin convenio colectivo de aplicación. A la vez que se permite la entrada en el  aula,  junto con el profesorado, a personal ajeno a la propia Administración Educativa.

Finalmente, Blanco exige el cumplimiento del Acuerdo de 29 de marzo de 2007, en cuyo contenido está prevista la creación de plazas monitores de Educación Especial para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.