[01-06-10] CC.OO. rechaza las medidas de Educación sobre los recortes salariales de los trabajadores de la enseñanza
La Junta de Andalucía informó a los sindicatos mayoritarios en la Mesa General de la Función Pública, el pasado jueves, que el recorte salarial para los empleados públicos, entre los cuales se encuentran profesorado y trabajadores de la enseñanza, oscilará entre el 0,56 y 7% a partir del próximo mes de junio. “CC.OO. rechaza dicha medida y así lo pondrá de manifiesto en todas las mesas de negociación que convoque tanto la Consejería de Educación como cualquier otra entidad de la Administración andaluza.”
Ante la aplicación del Real Decreto-Ley 8/2010 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, La Junta de Andalucía informó a los sindicatos mayoritarios en la Mesa General de la Función Pública, el pasado jueves, que el recorte salarial para los empleados públicos, entre los cuales se encuentran profesorado y trabajadores de la enseñanza, oscilará entre el 0,56 y 7%, medida que comenzará a aplicar a partir del próximo 1 de junio.Los 165.000 trabajadores y trabajadoras de la enseñanza que se verán afectados, corresponden una parte a la enseñanza pública, donde se incluyen los docentes no universitarios, el personal docente e investigador de las universidades andaluzas, así como, el personal de administración y servicios de ambos ámbitos. Y otra, a docentes y personal de administración de los centros de enseñanza concertada.
Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, “CC.OO. rechaza contundentemente todos los recortes salariales planteados, entre otros, los que afecten a los empleados públicos que trabajan en el sector de la enseñanza, tanto universitaria, como no universitaria, y así lo hará constar en todas las Mesas de Negociación convocadas por la Administración”.
Ante los recortes que se van a llevar a cabo por primera vez en la historia de nuestra democracia, y que son el resultado de la puesta en marcha del Decreto antes mencionado, CC.OO. remarca que se trata de una norma antisocial que atenta contra los servicios públicos básicos que se prestan a toda la ciudadanía.
Las medidas presentadas por el Presidente del Gobierno, según CC.OO., sientan un grave precedente, recortan los salarios públicos incumpliendo lo pactado con los representantes de la clase trabajadora y generan un retroceso en la calidad de los servicios públicos, los mayores garantes en términos de igualdad del uso de servicios básicos por toda la población.”
En palabras de Blanco, “estas medidas son mucho más que un recorte salarial y perjudicarán a la población en su mayoría, ya que algunos bienes básicos como la sanidad o la educación, que suponen más del 80% de las plantillas de los empleados públicos, se verán mermados en su calidad.”
CC.OO. considera que esta decisión unilateral del Gobierno y que ahora desarrollará igualmente la Junta de Andalucía, rompe un acuerdo suscrito hace apenas siete meses y parte exclusivamente de parámetros económicos que no han cambiado en lo básico y que fueron tenidos en cuenta por CC.OO. en la negociación de la Mesa General de la Función Pública al igual que debiese haber tendido en consideración el propio Gobierno.
“Las medidas del gobierno no son ni equitativas ni equilibradas y se han basado exclusivamente en la reducción de los gastos del Estado, sin tener en cuenta cualquier medida que repercuta en sus ingresos. La fiscalidad fundamentalmente y del control de la economía sumergida, son medidas que conseguirían un reparto más justo del esfuerzo solidario para salir de la crisis, algo que parece haber olvidado el Gobierno del Estado al diseñar este Decreto, así como, el propio Gobierno de Andalucía al aplicarlo sin plantear ningún tipo de restricciones”, apostilla José Blanco.
Para el dirigente sindical de CC.OO., “el Gobierno hace recaer el coste de la crisis, por un lado, sobre quienes ni la han generado ni siquiera se han caracterizado por beneficiarse de ella: empleados y empleadas públicas de este país, y por otro, sobre los usuarios del servicio público que no pueden acceder a servicios privados. Son, -población y servicios- los que una vez más sufren un recorte y una reducción brutal de su calidad, abriendo una nueva puerta a las ansias privatizadoras económicas y políticas, tanto españolas como europeas.”