El 80% de los trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza han secundado la huelga, según CC.OO. También informa que todos los centros se han visto afectados por esta convocatoria, tanto los de Infantil, Primaria, Secundaria como las propias Universidades. Profesorado y Personal de Administración y Servicios han cortado hoy su actividad laboral para protestar contra las medidas del Plan de Ajuste del Gobierno. El sindicato también destaca la participación activa del sector en las manifestaciones que han tenido lugar en las capitales andaluzas.

A esta convocatoria de huelga han sido llamados los 165.000 trabajadores y trabajadoras de la enseñanza que están afectados por estos recortes, corresponden una parte a la enseñanza pública, donde se incluyen los docentes no universitarios, el personal docente e investigador de las universidades andaluzas, así como, el personal de administración y servicios de ambos ámbitos. Y otra parte, a docentes y personal de administración de los centros de enseñanza concertada. La incidencia de la huelga ha sido de casi un 80%, distribuyéndose en un 95% en universidades, un 72% en enseñanza pública y en enseñanza concertada un 48%.

Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, “con estos datos, CC.OO. ha constatado que los trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza rechazan contundentemente todos los recortes salariales planteados, y hemos salido a la calle para denunciar que se trata de una norma antisocial que atenta contra los servicios públicos básicos que se prestan a toda la ciudadanía.”

Las manifestaciones llevadas a cabo en las capitales andaluzas han convocado a 64.000 personas, en las que los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza han participado activamente, esto según Blanco, “demuestra el rechazo unánime del sector a las medidas del gobierno.”

CC.OO. considera que esta decisión unilateral del Gobierno y que desarrolla igualmente la Junta de Andalucía, rompe un acuerdo suscrito hace apenas siete meses y parte exclusivamente de parámetros económicos que no han cambiado en lo básico y que fueron tenidos en cuenta por CC.OO. en la negociación de la Mesa General de la Función Pública al igual que debiese haber tendido en consideración el propio Gobierno.

Para el dirigente sindical de CC.OO., “el Gobierno hace recaer el coste de la crisis, por un lado, sobre quienes ni la han generado ni siquiera se han caracterizado por beneficiarse de ella: empleados y empleadas públicas de este país, y por otro, sobre los usuarios del servicio público que no pueden acceder a servicios privados. Son, -población y servicios- los que una vez más sufren un recorte y una reducción brutal de su calidad, abriendo una nueva puerta a las ansias privatizadoras económicas y políticas, tanto españolas como europeas.”

El éxito de las manifestaciones llevadas a cabo en las capitales andaluzas demuestra el rechazo unánime a estas medidas del gobierno, porque no son ni equitativas ni equilibradas y se han basado  exclusivamente en la reducción de los gastos del Estado, sin tener en cuenta cualquier acción que repercuta en sus ingresos. La fiscalidad fundamentalmente y el control de la economía sumergida, son medidas que conseguirían un reparto más justo del esfuerzo solidario para salir de la crisis, algo que parece haber olvidado el Gobierno del Estado al diseñar este Decreto, así como, el propio Gobierno de Andalucía al aplicarlo sin plantear ningún tipo de restricciones, sino incrementando los ajustes de sus propios empleados públicos.

Asimismo, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, ha anunciado la inmediata impugnación judicial de las medidas de recorte salarial de la Junta de Andalucía, por entender que sus pretensiones desbordan el marco legal.