Para CC.OO. resulta antidemocrático que existan organizaciones sindicales que quieran imponer sus propios criterios por encima de decisiones acordadas por la mayoría de un claustro de profesorado, en clara alusión a la petición de que se anule el Programa de Calidad. El TSJA ha denegado esta petición. El programa en cuestión que requiere para su aplicación el acuerdo de 2/3 de los docentes de un centro.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha denegado a un sindicato su petición de que suspenda el Programa de Calidad hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie al respecto. Hay que recordar que este programa incentiva hasta con 7.000 euros al profesorado que se implique en la mejora de los rendimientos de sus estudiantes mediante la participación del centro en planes y programas educativos, potenciar una mayor participación de los padres y madres en la vida escolar, lograr una también mayor participación de los estudiantes en las actividades extraescolares que realice el centro o aumentar el grado de satisfacción de las familias con el centro educativo, entre otros aspectos.

Para el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, “debe tenerse en cuenta que este programa es voluntario y que sólo se implanta si un 2/3 del profesorado así lo acuerda, por lo que querer impedir que se aplique es ir contra la decisión de la gran mayoría del profesorado de un centro.”

Actualmente el programa se encuentra pendiente de que el Tribunal Supremo dicte sentencia sobre recurso presentado por una organización sindical. La sentencia previa, recurrida por la Consejería de Educación, no dictamina que este programa no responda a los incentivos contemplados en la propia Ley de Educación de Andalucía, sino que señala que los indicadores a medir deben estar vinculados a rendimientos académicos y que debe ser el consejo escolar, y no el profesorado, el que determine si un centro lo lleva a cabo o no.

Según Blanco, “los indicadores, como el número de estudiantes que han promocionado de curso o que alcanzan los objetivos marcados, son de los aspectos que más hemos rechazado y que hemos pedido que se modificasen, una cuestión que, tras esta sentencia, serán difícil de lograr. Además, haber logrado que sea el consejo escolar el que determine si un centro participa en el programa y no el conjunto del profesorado, va en contra de otorgar las competencias pedagógicas al claustro de profesorado, una cuestión por la que CC.OO. viene duramente trabajando.”

José Blanco dice “sentirse perplejo” cuando, “entre otras razones, hay organizaciones sindicales que argumentan que este programa conlleva un gran gasto público sin justificación alguna, por lo que está claramente pidiendo que se le deniegue al profesorado los actuales incentivos económicos que percibe.”  CC.OO recuerda que el Programa de Calidad supone la dotación de recursos para avanzar en estos rendimientos y que “aunque estos son aún insuficientes, se han priorizado en estos centros la reducción del número de estudiantes por clase, división de las clases en dos grupos para las asignaturas básicas como son Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés en Educación Secundaria, y contar con refuerzo educativo en Educación Primaria.”

Finalmente, CC.OO argumenta que “el 60% del profesorado andaluz ha votado a favor a suscribirse a este programa pero que el actual modelo para su implantación en un centro, debe contar con 2/3 del profesorado, permite que una minoría pueda imponerse a la mayoría, cuestión que se debe modificar en aras de una mayor democratización de los centros educativos.”