Si se cumple esta previsión estaremos ante uno de los mayores recortes de plantillas en la escuela pública

La Federación de Enseñanza de CC.OO. considera claramente insuficiente la tasa de reposición de funcionarios docentes prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2011, a pesar de la enmienda introducida por iniciativa de Izquierda Unida, por la que dicha tasa se incrementa hasta un 30%, frente al 10% contemplado inicialmente por el Gobierno.  Esta medida confirma los peores augurios de los que nos hicimos eco a finales de octubre.  

Si se cumple esta previsión, la enseñanza pública se verá seriamente perjudicada, ya que con ello se extendería la política de agresivos recortes de plantillas docentes practicada en algunas comunidades autónomas, con el pretexto de reducir el déficit público.

La reducción de profesorado es especialmente grave cuando está aumentando el número de alumnos, se está produciendo un retorno de jóvenes en situación que se han reincorporado al sistema educativo y en algunas comunidades se están poniendo en marcha las leyes autonómicas de educación en desarrollo de la LOE.

Si bien otros años anteriores se habían establecido como norma general estos porcentajes máximos, algunos sectores, como la enseñanza, la justicia y la sanidad, eran excluidos de dicha limitación, lo que ha permitido amplias ofertas en el sector público docente en estos últimos años. En principio para el próximo año no se producirá esa excepción, con lo cual miles de jóvenes de toda España que ya han empezado a preparase para opositar el próximo verano a los cuerpos docentes verán frustradas sus legítimas expectativas.

Además este recorte resulta especialmente significativo porque 2011 es el último año de vigencia del sistema transitorio de ingreso en la función pública docente establecido en la disposición transitoria decimoséptima de la Ley Orgánica de Educación (LOE) con el objetivo de reducir el número de interinos docentes, por lo que se les hurta, en la práctica, un derecho reconocido en dicha ley. .

Respaldamos las iniciativas de las consejerías de Educación de algunas comunidades autónomas para convencer al Gobierno central y sus socios parlamentarios de la necesidad de modificar los Presupuestos Generales del Estado y no se establezcan limitaciones en el acceso  al sector público docente.