Manifestación en Sevilla el 12 de abril de 2018 convocada por la Asociación de Integradores Sociales de Andalucía. CC.OO. estuvo allí mostrando su apoyo: por la recuperación del servicio de atención al alumnado con necesidades educativas especiales por la Consejería de Educación.

La plantilla de personal técnico de integración social, personal especializado para el apoyo a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en los colegios e institutos públicos de titularidad de la Consejería de Educación, asciende a 725 personas, un colectivo altísimamente feminizado que está formado por un 88,2% de mujeres. Sin embargo, como sabéis, en cada nueva necesidad que surge en la atención al alumnado con NEAE, la Consejería de Educación en lugar de ampliar sus plantillas recurre a la externalización de servicios. Y esto último es precisamente lo que tenemos que atajar. Como conocéis el 8 de marzo recibimos la invitación a participar en la manifestación y el día 9, sin ninguna demora, la asociación tenía la respuesta de que CC.OO. iba a estar en ella. No nos cabía duda. Porque entendemos que esta lucha si queremos que tenga éxito debe afrontarse de manera unitaria por los sindicatos -tal y como le expresamos a la presidenta de AISA en la reunión que mantuvimos el 21 de marzo-, sin codazos y con lealtad para llegar al fin que queremos.

Desde CC.OO. planteamos la reversión del servicio de atención al alumnado con NEAE a la Consejería de Educación; Recuperar la externalización que hoy por hoy supone alrededor de 1.000 necesidades en centros docentes cubiertas mediante licitaciones a empresas privadas. Ello dentro de la legalidad y del respeto a los derechos: en la legalidad del Estatuto de los Trabajadores, en la legalidad de la Ley de contratos del sector público  y en la legalidad del Estatuto Básico del Empleado Público y del Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía. Lo cual se traduce en soluciones laborales al colectivo de trabajadoras y trabajadores, que pasan por la subrogación de sus contratos de trabajo y porque esos puestos se oferten posteriormente al traslado y se convoquen al acceso a la condición de personal fijo, mediante el sistema vigente en ese momento.

Hemos demostrado que la mejora de las condiciones laborales del personal contratado por las empresas redundará necesariamente en la reversión de ese empleo a lo público, porque nos guste o no sale más barato a la Junta la contratación privada mediante empleos precarios, que el llevado a cabo por personal propio. Así expusimos e informamos a la presidenta de Aisa que el coste actual a través de las licitaciones es de 14.389.353,00 €, mientras que los costes salariales de esos puestos, en condiciones de calidad, con contrataciones por la Junta de Andalucía sería de 22.228.977,40 €. Luego la línea, demostrada, está clara. Por eso luchamos contra la precariedad, porque en la medida en que la precariedad disminuya y el coste de la licitación sea mayor, aumentarán las posibilidades de que ese empleo se convierta en empleo público y, en última instancia, cubierto definitivamente con base en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Reiteramos que el camino es la denuncia y la movilización unitaria para que se visualice el problema. Para ello estamos y estaremos. Sin demagogias y sin codazos para salir en la foto y ganar votos para las elecciones.

Adelante, a empujar todas y todos, porque la solución es posible.

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Sevilla, 12 de abril de 2018