El año 2009 fue el último de aplicación de un acuerdo de retribuciones al personal laboral de la Junta de Andalucía, concretado en el Acuerdo de 4 de diciembre de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de 30 de octubre de 2007, de la Mesa Sectorial de Negociación de Administración General, por el que se modifican las retribuciones del Personal Funcionario al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía para el período 2008-2009, ampliándose de esta forma el Acuerdo adoptado en diciembre de 2005. En él se recogía un incremento individual mínimo anual del 3,3%, y un fondo equivalente al 0,3% de la masa salarial para los ejercicios 2008 y 2009.

A partir de ahí las medidas de recortes aplicadas por los Gobiernos (de Zapatero y Rajoy), han supuesto que el promedio de la remuneración de las personas asalariadas públicas (según datos de la Confederación Sindical de CCOO donde se incluyen los salarios y las cotizaciones de todas las categorías y de todas las Administraciones) se ha reducido en 11.027 millones de euros; es un 8,8 % menos nominal, que llega hasta el 18 % en valores reales teniendo en cuenta la variación del IPC.

Desde el año 2009, el salario medio en las Empleadas y Empleados Públicos de la Junta de Andalucía (y del resto de Administraciones Públicas) no sólo no aumentó, sino que disminuyó y como añadido a esto la inflación acumulada desde entonces hasta septiembre de 2017 ha sido en torno al 9 %, por lo que se ha producido una importante pérdida de poder adquisitivo que, en el caso del personal laboral de los centros docentes de la Consejería de Educación se sitúa como mínimo (por el valor de los trienios lo aumenta) entre los 19.627,39 € y los 9.874,56 € (en el caso del personal fijo, porque el personal temporal sufrió un recorte adicional del 10% desde 2012 y hasta 2016).  Estos son los valores entre los que se sitúa el coste del ajuste soportado por el personal laboral de la Consejería de Educación. Un precio que hemos pagado tanto sufriendo la reducción del número de personas que trabajamos en las escuelas, colegios e institutos, etc., públicos, como con una disminución muy significativa de nuestros salarios.
 

Por lo que podemos afirmar es que en este período se ha producido un empobrecimiento general de los colectivos de personal laboral y una precarización de nuestras condiciones de trabajo. Una la devaluación salarial y un menor número de empleadas y empleados públicos, particularmente en Educación menos personal de servicios general y de limpieza y alojamiento –con las consecuencias que todas y todos conocemos-.

El valor que tiene el “II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo”, en  cuanto a la recuperación salarial, es que supone un nuevo punto de inflexión, porque restaura la línea de acuerdos retributivos a las empleadas y empleados públicos, y porque es un avance hacia la recuperación de todo lo que hemos perdido en materia salarial desde que en 2010 se iniciaron por el Gobierno de Zapatero los recortes.

Por tanto, como perspectiva debemos seguir reivindicando con fuerza la recuperación de lo perdido y valorando los avances del II Acuerdo hacia ella. Y en esta reivindicación, además, no podemos perder de vista la lucha por la defensa del empleo público en condiciones de calidad, es decir, por la cobertura de todas y cada una de las vacantes sin cubrir en nuestros centros docentes y por la reversión a lo público del empleo privatizado.

Contra todo ello, en esa perspectiva, las movilizaciones y manifestaciones del 1º de Mayo deben estar llenas de nosotras y nosotros, las empleadas y empleados públicos, de trabajadores y trabajadoras del personal laboral de las escuelas, colegios, institutos y demás centros docentes de la Consejería de Educación, para exigir lo que es nuestro y para defender lo público.

CCOO POR LA RECUPERACIÓN DE TODOS LOS DERECHOS USURPADOS DURANTE LA CRISIS. POR LA DEFENSA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.