Para acudir a las oposiciones, el profesorado nombrado en los tribunales y los opositores/as admitidos han de realizar reservas de hotel y de transporte cuyos precios se incrementan por día, especialmente si las sedes de los tribunales lo son en provincias andaluzas costeras.

La publicación de los miembros de tribunales de oposiciones y de opositores/as admitidos se ha realizado el pasado viernes 15 de junio, un significativo retraso con respecto a las publicaciones de anteriores convocatorias. En la convocatoria de 2017 el 2 de junio se publicó el listado definitivo de opositores admitidos  y el 6 de junio de los miembros de tribunales. El retraso en la convocatoria de este año tiene significativas consecuencias económicas para los 32.032 opositores/as y los más de 2.000 docentes nombrados como miembros en los 427 tribunales constituidos.

Esta tardía publicación conlleva que los opositores/as hayan debido retrasar la reserva de plazas de hotel o de billetes de transporte, un precio que varía dependiendo de la proximidad de la fecha y de la residencia y destino. Es de destacar que numerosos opositores han sido desplazados a un tribunal en otra provincia, lo que requerirá que deban disponer de alojamiento,  o que numerosos andaluces, residentes en el extranjero o en otros lugares de España, al participar en estas oposiciones como una oportunidad para volver a nuestra tierra, deban adquirir billetes de autobús, de tren, o incluso de avión.

Al profesorado funcionario que ha sido seleccionado como miembro de tribunal, este retraso le genera igualmente graves problemas económicos puesto que en numerosas ocasiones deberá desplazarse a otra provincia. Además de la insuficiente dieta que se les asigna, 64 euros por día, las reservas de hotel deben ser autorizadas previamente por la Administración Educativa, un trámite lento que retrasa el proceso y que incrementa los precios en las reservas, hecho aún más grave si el tribunal se encuentra en una zona costera andaluza.

Este perjuicio económico es fruto, sin duda, de la falta de personal en los servicios centrales de la Consejería de Educación, la empresa más grande de España, colapsada por una plantilla para su gestión que mantiene el mismo número de trabajadores/as de administración de la última década a pesar del crecimiento de las plantillas docentes, actualmente próxima a los 100.000 docente,  y de los 15.000 trabajadores/as de administración y servicios con los que cuentan los centros educativos andaluces.

Desde CCOO venimos exigiendo que la Consejería de Administración Pública dote del personal de administración y gestión necesario, y de modo permanente, para que la Consejería de Educación pueda realizar su trabajo organizativo y de planificación con toda la calidad que requiere tanto el sistema educativo andaluz como los trabajadores/as que desempeñamos nuestra labor en él. Además, deben actualizarse las dietas de los miembros de tribunales para evitar que este hecho les suponga un perjuicio económico como viene sucediendo.