“Centros, alumnado y profesorado” así comienza el “Avance de datos” que publica en su web la Consejería de Educación con relación al curso 2018/2019. Y es ahí donde empieza a olvidar una parte de la realidad de la Educación andaluza, la que en la Escuela Pública conforma el Personal de Administración y Servicios y de Atención Educativa Complementaria del que la Ley de Educación de Andalucía afirma: “cuya aportación relevante coadyuva a la consecución de los objetivos educativos del sistema”.

¿Olvido casual o intencionado?  Las evidencias se convierten en certezas y nos llevan a pensar en la intencionalidad, porque:

A pesar de existir más de 12.500 puestos de este personal creados en los colegios e institutos, el volumen de la privatización, con alrededor de 18.000 empleos creados, supera con creces la propia plantilla del personal contratado directamente por la Consejería de Educación: En la atención en el aula al alumnado con necesidades educativas especiales, en la interpretación en lengua de signos al alumnado con discapacidad auditiva, en la gestión de Escuelas Infantiles de titularidad de la Consejería de Educación, en la atención “socioeducativa” en las Escuelas Infantiles dependientes de la Consejería de Educación, en las aulas matinales, en comedores escolares, en la atención del alumnado en los comedores de gestión directa, en el acompañamiento en el transporte escolar, en la limpieza de los institutos, en las actividades extraescolares.

 Es precisamente esta privatización creciente, promocionada por la Consejería de Educación, la que permite la existencia de miles de contratos precarios a tiempo parcial y durante menos de los 10 meses que dura el curso escolar. Con condiciones laborales y salarios muy inferiores a los que deberían percibir por el mismo trabajo en el caso de ser desempeñados como trabajadoras y trabajadores de la Consejería de Educación. Es decir, 18.000 empleos precarios - “minijobs” desde 1 hora y media a 6 horas diarias en el mejor de los casos-. Así la Consejería de Educación ha llegado a convertirse, a través de su instrumento la Agencia Andaluza de Educación, en una empresa explotadora de una mano de obra barata al socaire del neoliberalismo que ha abrazado.

Pero esta precarización no solo afecta al empleo que privatiza Educación, sino que también afecta a su propio personal, por cuanto tiene contratadas a jornada parcial a 632 monitoras escolares, de las cuales 427 lo son, además, de manera discontinua durante 10 meses al año. Pero no solo eso, sino que también la temporalidad en la contratación de las trabajadoras y trabajadores de sus colegios, escuelas e institutos alcanza una tasa de casi un 30%, es decir, de 1 de cada 3 personas que trabajan como Personal de Administración y Servicios y de Atención Educativa Complementaria en los centros docentes públicos es temporal con contratos de “interinidad por vacante”. Sonrojante.

Si a lo anterior unimos el hecho de que no todas las vacantes que se generan en estos centros educativos se cubren, el círculo se cierra provocando una mayor privatización en la Enseñanza Pública que presta la Junta de Andalucía en los niveles no docentes; lo cual es contrastable con estos datos: de los 12.427 plazas de personal laboral que, según el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, hay creados en las Escuelas, Colegios e Institutos Públicos de la Consejería de Educación, faltan por cubrir mediante contratos laborales, según datos recabados por CCOO de los propios centros docentes,  994 plazas. Lo cual implica, una deficiencia en el servicio y la atención al alumnado, mayores cargas de trabajo y, en última instancia, nuevas privatizaciones porque esas tareas o servicios son necesarios que sean prestados.

Por estas razones, es por lo que pensamos que no es un olvido casual sino que es intencionada la exclusión de este personal en los datos que, a bombo y platillo, vende la Consejería de Educación. Son las sombras de la Educación Pública andaluza, las vergüenzas que quiere ocultar, pero que desde CCOO venimos destapando y denunciando.

Y queremos denunciar una cosa más, el hecho de que mediante las potestades disciplinarias asignadas a los equipos directivos, la propia Consejería de Educación está provocando que estos apliquen recortes en el ejercicio de los derechos reconocidos por convenio colectivo al Personal de Administración y Servicios y de Atención Educativa Complementaria, bien por cuanto les permite actuar de manera arbitraria de forma contraria a sus derechos producto de la negociación colectiva; O bien por cuanto, frente a las necesidades de personal no cubiertas en los centros docentes, se restringe el disfrute de derechos mediante el argumento de “las necesidades del servicio”.

Por tanto, un inicio de curso oscurecido por las políticas aplicadas por la Junta de Andalucía en los centros docentes de su titularidad cuyas competencias ostenta la Consejería de Educación, que suponen la privatización de la Escuela Pública, precariedad en sus empleos y abusos y recortes en los derechos laborales de su personal.

No es un olvido, no. La Consejería de Educación esconde sus miserias.