El sindicato ha iniciado, como primera acción, una campaña de recogida de firmas para protestar por la falta de negociación del Complemento Autonómico, entre los 17.400 trabajadores y trabajadoras que forma el Personal Docente e Investigador de las universidades públicas andaluzas. Todos ellos, además, también están afectados por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Administración y la falta de negociación debida a la no convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Universidades.

CC.OO. exige a la Junta de Andalucía convocar la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas andaluzas, esta se creó hace casi tres años y en ella se consolidaron una serie de compromisos en la línea de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras que incidían en la calidad de la enseñanza superior en Andalucía, pero que aún no han sido desarrollados en su mayoría.

Desde CC.OO. valora que el Personal Docente e Investigador (PDI) de las universidades públicas andaluzas ha contribuido con responsabilidad a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, mejorando las posiciones de las universidades andaluzas en diferentes rankings y accediendo a financiación extra. Para ello, este profesorado ha invertido su tiempo en mejorar los índices de calidad y buscando la consecución de los diferentes tramos del Complemento Autonómico. Este es un complemento económico que fue establecido por primera vez en 2003, con el objetivo de mejorar la competitividad y la productividad de las Universidades y que debía renovarse cada cinco años. En este asunto la propia Junta se comprometió al establecimiento de una nueva orden para la segunda evaluación que lleva dos años de retraso. Así, CC.OO. insiste en que todo el profesorado, tanto aquel que desea solicitarlo por vez primera, agraviado en sus retribuciones, como aquel que ha trabajado por aumentar su puntuación, se está viendo afectado por el incumplimiento de los compromisos de la Junta de Andalucía al respecto.

Por ello, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, ha hecho llegar a la Administración el malestar de este sector por los continuos incumplimientos de los compromisos adquiridos en la constitución de la referida mesa y exige, una vez más, su convocatoria para avanzar en el complemento autonómico, pero sin perder de vista otros asuntos igualmente importantes y aún pendientes, como son los criterios de reparto para la asignación de la docencia (que está teniendo una consecuencia negativa en la implantación del Plan Bolonia), la carrera horizontal del Personal de Administración y Servicios, así como, la participación sindical en el Consejo Andaluz de Universidades, en la Agencia de Evaluación Andaluza y en la elaboración de la Ley Andaluza de Universidades”.

Ante esta desconcertante situación, CC.OO. ha iniciado una campaña de recogida de firmas entre el PDI de las universidades, como primera acción de una protesta, que en pocos días he tenido gran repercusión entre el sector, siendo ya cerca de 2.000 los trabajadores y trabajadoras adheridos. No obstante, CC.OO. advierte que de no obtener respuesta positiva por parte de la Administración, esta acción tendrá continuidad con más movilizaciones en todos los campus universitarios andaluces.

También se señala desde CC.OO., que se es consciente de la situación de falta de financiación en las universidades públicas por los recortes impuestos por la Consejería y por las dificultades para implantar el plan Bolonia a coste cero.  Por lo cual, considera que más que nunca es necesario retomar la negociación, pues para CC.OO. la vía del dialogo y del consenso son el camino para avanzar en la defensa de la universidad pública y que los trabajadores y trabajadoras tengan unas condiciones de trabajo dignas.

En el periodo crucial en el que se encuentra la sociedad española, con recortes importantes en materia educativa y de investigación e innovación, CC.OO. recuerda su desacuerdo con estos recortes, que suponen una merma en la calidad de la enseñanza superior que puede generar la pérdida de empleo en las universidades públicas.