Dicho informe, elaborado por CC.OO., desvela que el Gasto Educativo de los ayuntamientos ronda los 2.600 millones de euros en el total del Estado. La media de gasto por alumno en los municipios andaluces, con 200,8€, no llega a la mitad de la media del total de Comunidades Autónomas, con 437,9€. Para CC.OO. el papel municipal sigue siendo, esencialmente, voluntarista y poco se ha avanzado en el marco legal. En Andalucía existen en la actualidad 440 centros de Infantil 0-3 de titularidad municipal.

La Federación de Enseñanza de CC.OO. en Andalucía en la presentación del informe, hoy en Córdoba, indica que al hablar de Gasto Público Educativo se incluyen fondos de distintas procedencias, la inversión de las corporaciones locales es una de ellas. Según el sindicato, esta cuestión suele ser poco tratada al citar la inversión educativa pero en conjunto, se trata de una cuantía próxima a la del propio Ministerio de Educación, unos 2.600 millones de euros según las últimas estadísticas, que son del 2008. Por ello, en vísperas de elecciones municipales, desde CC.OO. se muestran algunos datos sobre esta cuestión.  

Las obligaciones legales en materia de gasto educativo derivan de la Disposición Adicional 15ª de la LOE y se concretan en la conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial ubicados en el municipio, y son las mismas desde hace mucho tiempo. Pero, otras normas de la propia LOE: Artículos 8, 86, 112.5 o 113.5; de la Ley de Bases de Régimen Local, como el Art. 28 al indicar que los  Municipios pueden realizar actividades complementarias de otras Administraciones en la educación, la cultura…; o de la propia Constitución: Artículos 43, 44, 49 y 51 sobre  obligaciones genéricas de los “poderes públicos” crean un difuso, pero amplio, marco de actuación municipal en materia educativa, especialmente en el campo de la educación no formal.

Así, el compromiso de los ayuntamientos es muy diferente, desde municipios absolutamente implicados en construir auténticas “ciudades educadoras” que parten de la Educación Infantil (apuesta creciente tras el Programa Educa 0-3), pasan por las Enseñanzas de Régimen Especial y llegan a una amplia oferta de servicios educativos complementarios y extraescolares; hasta los que se limitan a esas estrictas obligaciones legales. A este respecto, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, añade que en Andalucía esta escolarizado un 28% de alumnos y alumnas en la etapa educativa de Infantil 0-3 años, distribuido en 170 centros de titularidad publica de la Junta de Andalucía, 440 de titularidad municipal y 876 de titularidad privada-conveniada.

Los distintos grados de implicación de los ayuntamientos, según Blanco, explican las grandes diferencias de compromiso de inversión existentes atendiendo a gasto por municipio y Comunidad Autónoma, que se reflejan en la tabla siguiente:

Y hay que resaltar la muy diferente inversión educativa municipal existente entre las  Comunidades Autónomas, bastante superior a la de las administraciones educativas. Así, la media estatal de 437,9 euros por alumno es duplicada en Navarra y Cataluña (con una larga tradición educativa de sus ayuntamientos que es generalizada). Por el contrario, Andalucía y Extremadura apenas llegan a la mitad de esa cantidad.

El gasto está expresado en miles de euros y su consideración es de mínimo, porque en  bastantes ocasiones, puede que no represente el gasto total real de los municipios, ya que las Concejalías de Educación tienen distintas orientaciones, desde las que desarrollan la gestión total de la educación de su territorio, a las que limitan su función a programas educativos, mientras que el mantenimiento de los centros, reparaciones y demás, se incluye en ámbitos funcionales más amplios, pasando por las compartidas con otras áreas como cultura, juventud u otras. Aunque con frecuencia el objeto del gasto sea, prioritariamente, mantener los centros públicos, es habitual que parte de él incluya a toda su población escolar de centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y enseñanza obligatoria, por lo que se ha calculado la totalidad de este alumnado en cada Comunidad.

Como es previsible, la mayor parte del gasto municipal en Educación, casi 1.669 millones de euros que representan el 64,4% del total, se dedica a Educación Infantil y Primaria (el desglose es global y no hay datos a nivel de Comunidad y tampoco podemos diferenciar el impulso del 0-3 de la mera conservación de los colegios). A actuaciones extraescolares y complementarias se dedicaron más de 416 millones de euros, un 16,1%; a Secundaria 252 millones, el 9,7% y a Enseñanzas de Régimen Especial casi 192 millones de euros, el 7,4%, como programas más significativos.

Y hay que resaltar la muy diferente inversión educativa municipal existente entre las  Comunidades Autónomas, bastante superior a la de las administraciones educativas. Así, la media estatal de 437,9 euros por alumno es duplicada en Navarra y Cataluña (con una larga tradición educativa de sus ayuntamientos que es generalizada). Por el contrario, Andalucía y Extremadura apenas llegan a la mitad de esa cantidad.

CC.OO. destaca que los recursos de las ciudades y su papel en la formación de ciudadanos son indispensables e imprescindibles en la Educación, la ciudad educa en si misma, pero el papel municipal sigue siendo, esencialmente, voluntarista y poco se ha avanzado en el marco legal desde que, hace ahora 20 años, se celebrase el I Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, un movimiento al que más de 300 municipios españoles se han venido adscribiendo.

El sindicato, también propone reflexionar sobre el hecho de que los Presupuestos del Estado garanticen un mínimo para el mantenimiento de los centros concertados, que reciben una cantidad idéntica por unidad escolar dentro de la misma Comunidad Autónoma, mientras que no existe esa garantía en los centros públicos.