CC.OO. advierte de la situación de inestabilidad financiera que padecen los centros de Educación Infantil conveniados, pues esta incide negativamente en situación laboral de sus trabajadores y trabajadoras. Por ello, CCOO exige a la Junta de Andalucía que agilice el pago de los atrasos a estos centros, así como el estudio de los costes de prestación del servicio socioeducativo en las Escuelas Infantiles según lo acordado con Educación el pasado 20 de junio.

Según CCOO, de nuevo nos encontramos ante un retraso, importante, en los pagos de los convenios suscritos con los Centros de Educación Infantil. En Andalucía existen más de 600 centros de este tipo que dan trabajo a unas 5.000 personas, siendo además un sector fuertemente feminizado.

Por ello,  el secretario de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, “advierte que el retraso en los pagos genera inseguridad en las  trabajadoras y trabajadores de estos centros educativos tanto a nivel económico como de condiciones laborales”.

El pasado lunes 18 de julio, se reunió la Mesa Técnica de Educación Infantil para el estudio de la financiación de este ciclo educativo. En ella, CC.OO. planteó el problema económico que sufren los centros de Educación Infantil. Tras la reunión, nos consta que se están abonando parte de los  atrasos. En dicha reunión la Administración se ha comprometido a tener pagado (si puede) el mes de junio en agosto. Pero, aún así, “CC.OO. sigue insistiendo en la premura de estos pagos, pues la mayoría de estos centros son pequeñas empresas de seis trabajadoras como media y sin recursos para afrontar esta situación financiera adversa”.

Ante esto, Blanco “insta a la Administración andaluza a garantizar la regularidad mensual del pago de los convenios a estos centros educativos para garantizar la  calidad  del Sistema  Educativo Andaluz y la estabilidad laboral de este sector”.

Además, José Blanco, “exige que se actualicen los costes de prestación del servicio ante la situación negativa que se esta produciendo en muchos de estos centros e insistimos que con la actualización de los precios públicos deben actualizarse paralelamente las bonificaciones a las familias para que el incremento que pueda suponer dicha actualización no recaiga en las mismas, pues de no ser así, puede afectar negativamente a la escolarización en esta etapa educativa”.