El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a la Mesa del Parlamento de Andalucía una Proposición de Ley de Modificación de la Ley Andaluza de Universidades. CCOO exige negociar dicha proposición pues algunas de las modificaciones influyen en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de las universidades de andaluzas.

Recientemente el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a la Mesa del Parlamento de Andalucía una Proposición de Ley de Modificación de la Ley Andaluza de Universidades. Según el Grupo Socialista se está llevando este trámite por el procedimiento de urgencia alegando la necesidad de dar cabida a las universidades privadas en Andalucía y de adaptar la Ley andaluza a la normativa estatal y europea en lo referente al Espacio Europeo de Educación Superior.

Para CC.OO., la novedad, además de la consecuente actualización legislativa, es la referencia a las universidades y centros privados, con el correspondiente reconocimiento e integración en el sistema universitario andaluz de la universidad privada Loyola Andalucía. Pero desde CCOO se hace “una primera valoración muy negativa”, según el secretario general de la Federación de enseñanza de Andalucía, José Blanco, porque “entendemos que se ha roto el consenso y el ejemplo de negociación alcanzados en 2003 (tras la publicación de la LOU), ya que está probado que los procedimientos de urgencia hurtan de manera manifiesta un derecho constitucional, y se imponen en unos momentos de crisis de gran calado y ante un panorama netamente desesperanzador.”
 
CC.OO. adelanta que hará una segunda valoración cuando se conozcan con detalle los motivos y consecuencias de las modificaciones propuestas en el texto, cuestión por la que CC.OO. ha pedido una reunión urgente a la Junta de Andalucía, a la vista de su tramitación en el Parlamento, ya que el sindicato entiende que algunas de las modificaciones propuestas influyen en las condiciones laborales, que son materia de negociación y de diálogo.
 
Por ejemplo, la modificación de las condiciones de contratación del Profesorado Asociado, inclusive el establecimiento de su duración, al igual que la de la nueva figura del Profesorado Interino o la de Profesorado Doctor con Vinculación Sanitaria en cuya acreditación interviene la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía; junto a ello, las nuevas figuras previstas en la Ley de Ciencia y Tecnología.
 
“Habrá que analizar -dice Blanco- cómo se contempla la posibilidad del reconocimiento de méritos vía evaluaciones, eliminando el texto anterior sobre creación de incentivos económicos, así como garantizar la calidad del sistema universitario andaluz con la imposibilidad de endeudamiento o limitaciones presupuestarias.”
 
CC.OO. considera que además se pretenden otras cosas: limitar las funciones y el desempeño de cargos al profesorado laboral; atribuir al Consejo Social capacidad de informar sobre Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT); o incluir la participación de los estudiantes en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) desoyendo las reivindicaciones históricas de participación de los representantes de los trabajadores y trabajadoras de las Universidades Andaluzas.