El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el pasado día 18 de octubre el Proyecto de Ley que regulará en Andalucía el uso de la Lengua de Signos. Esta Ley ampliará la legislación estatal para impulsar el uso de la lengua de signos para la población sorda. Para ello, CC.OO. propone que se dote definitivamente a los centros educativos de la figura del Intérprete que hace años creó el convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía y que nunca se ha desarrollado. Para el sindicato la figura del intérprete de esta lengua en el sistema educativo andaluz es un principio básico para garantizar el derecho que regulará esta Ley en el sistema educativo andaluz.

El Proyecto de Ley que regulará en Andalucía el uso de la lengua de signos recientemente aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,  se aplicará básicamente en los servicios públicos y en la participación social de la población. Para CC.OO., este proyecto debe llevar asociado la regulación de la figura del intérprete de lengua de signos para hacer efectivo los derechos que en la nueva ley se van a regular.
 
Para el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, “esta ley debe finalmente aprobarse, máxime cuando el borrador se ha elaborado hace ya varios años sin que se hayan dado los pasos posteriores para que haga efectiva”. Blanco recuerda, además, que “entre unas de las medidas urgentes que debe conllevar esta ley es la dotación de la categoría laboral del Intérprete de Lengua de Signos para el sistema educativo, una categoría que como personal laboral fue creada hace ya varios años y que no se ha dotado en ningún caso”.
 
Según José Blanco, “las medidas legislativas deben ir asociadas de actuaciones reales pues de otro modo las normas sólo quedan en papel mojado que en nada repercuten en la mejora social de la población andaluza, en este caso, de los estudiantes sordos integrados en los institutos andaluces.”
 
CC.OO. recuerda que los actuales intérpretes de lenguas de signos que existen en el sistema educativo andaluz se encuentran desempeñando su labor profesional en condiciones muy precarias a través de empresas externalizadas. Por ello, el sindicato considera injustificable que un personal cualificado como este, Técnico Superior, tenga un salario mensual de 800 euros y que sus contratos de trabajo se rompan en los meses de verano sin que exista obligatoriedad ninguna de seguir contratando a los mismos trabajadores, a pesar de que muchos de ellos llevan realizando esta labor hace ya incluso 14 años.