Con motivo del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, que se celebra el viernes 25, la Federación de Enseñanza de CCOO denuncia que, siete años después de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, las administraciones educativas aún no han puesto en marcha las medidas educativas fijadas en la Ley. El único punto que se ha aplicado es la escolarización inmediata de los hijos e hijas que se ven afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género.

El papel que la educación debe desempeñar en la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres es crucial y que la coeducación es un mecanismo de primer orden para conseguirlo. Las administraciones públicas deben poner los recursos que garanticen la formación en materia de convivencia y buenos tratos entre los sexos de todos los profesionales que intervienen en los distintos procesos que favorezcan el cambio cultural y la acción preventiva y la sensibilización de la población en general contra la violencia de género.

Urge aplicar lo que establece la ley en aspectos cuyo desarrollo es esencial para una convivencia sin agresiones: educación de afectos y emociones, la lucha contra el sexismo en el currículo escolar y materiales educativos que eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y fomenten el igual valor de hombres y mujeres.

Asimismo, la ley contempla que en cada consejo escolar de centro figure una persona que impulse medidas educativas de fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y formar al profesorado en materia de igualdad, para la resolución pacífica de conflictos y para la educación de los afectos tanto en su formación inicial como en la permanente. Igualmente esta formación debe hacerse extensiva  a la inspección educativa para que vele por la adopción y el cumplimiento de estas medidas.

Para avanzar en la lucha contra la violencia de género los claustros, CC.OO. considera que los claustros deberían tener un profesor o profesora, con disponibilidad horaria, para impulsar medidas que fomenten la igualdad y disponer de recursos para implantar programas destinados a detectar y combatir los problemas que conducen a la discriminación de las mujeres. Por último, es necesario promover el aprendizaje de las formas de resolución pacífica de los conflictos, el rechazo a la violencia como método para solucionarlos y un enfoque multidisciplinar, que permita al profesorado colaborar con otros agentes sociales.

La Ley Integral contra la violencia de género ha supuesto un salto cualitativo para combatir la violencia, pero, la situación actual, con un dramático goteo de víctimas, 57 en lo que llevamos de año, revela las insuficiencias de la ley, los fallos en su aplicación y la necesidad de reforzar los recursos materiales y humanos que se están utilizando, tanto en el ámbito estatal como autonómica.