Cerca de 30.000 trabajadores de la enseñanza pública en Andalucía podría perder su empleo como consecuencia de la aplicación de la reforma laboral en la comunidad, según las estimaciones hechas públicas este jueves por las Federaciones de Enseñanza de CC.OO. y UGT en Andalucía.

En rueda de prensa, los responsables regionales de ambas federaciones, José Blanco y Juan Carlos Hidalgo, respectivamente, han cuantificado en cerca de 30.000 personas solo en el ámbito de las enseñanzas públicas universitarias y no universitarias las que se pueden ver afectadas en los próximos meses por el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral aprobado recientemente por el Ejecutivo central.

Según han explicado, en torno a 13.000 empleados de las etapas de 0 a 3 años, así como de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato son personal laboral (monitores, profesores de apoyo, personal para niños con discapacidades, etc), por lo que "podrían ser despedidos de forma casi inmediata si se apuesta por privatizar estos servicios". Igualmente, existen en torno a 8.000 profesores universitarios con contratos laborales PDI (Personal Docente e Investigador) que también "pueden ir a la calle" y unos 4.500 trabajadores de Administración y Servicios en la misma situación. A esto habría que sumar los "recortes" que se pueden ir aplicando en el sistema educativo público andaluz como consecuencia "de las medidas que está anunciando el Ministerio de Educación en estos dos primeros meses de Gobierno del PP", advierten Blanco e Hidalgo.

Se refieren así al posible aumento en dos horas de la jornada lectiva de los profesores de Educación Secundaria o a la suspensión de los desdobles educativos o de los profesores de apoyo, lo que supondría una reducción de "unos 10.000 profesores, sobre todo, interinos". En esta línea, Blanco e Hidalgo resaltan que los "más perjudicados de todas estas medidas son, en su mayoría, los más débiles, es decir, todos los que tienen contratos laborales y tienen incluso peores condiciones que los trabajadores de una empresa privada". "Además, con lo fácil y barato que es ahora despedir, con 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidad, pues...", augura Hidalgo.

CC.OO. y FETE-UGT consideran, por tanto, que la reforma laboral, "acompañada de todos los recortes que está habiendo en el sistema educativo público español", va encaminada a "fomentar un modelo de enseñanza privada, que no concertada, que hará que la enseñanza pública se resienta de forma desmesurada". "Las medidas que está anunciado el ministro de Educación José Ignacio Wert esconden un cambio sustancial de modelo educativo que generará una mayor desigualdad entre las clases y no garantizará la igualdad ni la equidad, ya que se prima al sector privado", argumenta Blanco.

Los sindicatos creen que esto tendrá sus mayores consecuencias en el ámbito universitario, donde, "con la excusa de buscar la excelencia y entrar en los rankings internacionales, se permitirá que sea el capital privado el que decida en las titulaciones a ofertar y en las investigaciones". No en vano, el Gobierno "ya ha anunciado que va a haber una nueva Ley de Ordenanza universitaria para una gestión más empresarial de las universidades y que puede afectar mucho al mapa universitario andaluz", ya que podría suponer la eliminación de titulaciones o facultades que no sean rentables económicamente.

LLAMADA A LA MOVILIZACIÓN

Ante este "desolador" panorama, ambas organizaciones sindicales han llamado a los profesionales y trabajadores de la enseñanza y a la ciudadanía en general a la movilización. "Ni CC.OO. ni UGT estamos dispuestos a permitir eso, por eso hacemos un llamamiento a la sociedad  para que se manifieste en defensa de los servicios públicos", ha dicho Blanco para animar a que la gente se eche a la calle el próximo 29 de febrero, día para el que están previstas movilizaciones en toda Europa.

Además, han exigido "a todos los partidos políticos" que, de cara a las elecciones autonómicas del 25 de marzo, "digan durante la campaña electoral cuáles son sus propuestas sobre los servicios públicos básicos" como la sanidad, la educación y la dependencia. "Queremos transparencia y claridad", han concluido