[25-06-20] Mesa Sectorial de 25 de junio de 2020.
El nuevo acuerdo de Función Pública firmado por CSIF y UGT y rechazado por CC.OO., impedirá la exención por vulnerabilidad o conciliación en educación.
El acuerdo alcanzado en la Mesa General de Función Pública del 8 de mayo suscrito por la Junta de Andalucía con CC.OO., CSIF y UGT y refrendado por el Consejo de Gobierno el día 18 de ese mismo mes y publicado en BOJA, generaba el derecho al teletrabajo en el caso de ser personal vulnerable especialmente sensible y a flexibilizar la jornada laboral o a teletrabajar parcial o totalmente, según situación justificada de los/as empleados/as públicos que tuviesen menores de 14 años o personas dependientes a su cargo. Ambas exenciones, exigidas fuertemente por CC.OO., suponían un derecho exigible en tanto existiese la situación de crisis sanitaria que padecemos, y de este modo quedaba contemplado en el texto de este acuerdo.Sin embargo, este derecho ha sido suspendido ante la firma de un nuevo acuerdo suscrito por la Junta de Andalucía, CSIF y UGT, y rechazado contundentemente por CC.OO., porque reduce derechos alcanzados. Este nuevo acuerdo de 19 de junio, publicado en BOJA el día 23 y rechazado por CC.OO., limita estos derechos al personal dependiente de las Consejerías de Educación y de Sanidad.
En Mesa Sectorial convocada por la Consejería de Educación el 25 de junio para informar sobre este nuevo acuerdo, la Administración educativa ha señalado que el nuevo texto contempla que “Este Pacto resulta aplicable a las Consejerías y entidades del sector público andaluz y, en lo que pueda corresponder, en su caso, a las instituciones sanitarias y centros educativos.”
En base a este nuevo texto suscrito por CSIF y UGT, la Consejería de Educación ha argumentado en mesa que la prestación del servicio público de la educación requiere la presencialidad de los docentes desde el inicio del curso académico, pues entre el 1 de septiembre y el inicio de las clases, el horario laboral se dedica a la planificación del curso: programación, coordinación y otras actividades relacionadas con la organización escolar, según recoge el Decreto que regula el calendario y la jornada escolar en los centros educativos.
Asimismo, la Consejería de Educación, haciendo uso de este nuevo texto, y con el objetivo de dar cumplimiento a la LEA y hacer efectivo el derecho a la educación de todo el alumnado, el inicio del horario lectivo requerirá, según su criterio, la presencialidad de todos los docentes en sus centros docentes de destino por lo que no cabe ningún tipo de exención.
De este modo, hasta el 31 de agosto de 2020 se mantiene vigente el actual modelo logrado por CC.OO. sobre exención por vulnerabilidad y conciliación, pero a partir del día 1 de septiembre, lo será el que emana del acuerdo con CSIF y UGT, es decir, se recorta este derecho.
De este modo, y fruto del acuerdo entre la Junta de Andalucía, CSIF y UGT, el próximo curso no habrá exención de los trabajadores/as de la educación, ni por conciliación por tener menores de 14 años o personas dependientes a su cargo (ni siquiera se aplicará flexibilización horaria), ni por ser personal sensible y vulnerable, cuestiones gravísimas que atentan no sólo al derecho a atender a las personas más dependientes de nuestra sociedad, sino incluso que pone en peligro la salud de las personas.
CC.OO. seguirá trabajando para que se retome el acuerdo que había logrado y que CSIF, UGT y la Junta de Andalucía han roto recortando derechos ya alcanzados. Esta “falsa” normalidad que algunos quieren hacernos creer, está ya provocando rebrotes y consecuencias sanitarias que una gran repercusión, denotando una gran irresponsabilidad por parte de quienes normalizan lo que no es posible en tanto no haya una vacuna contra el virus.
CC.OO., como sindicato del personal funcionario, interino y laboral y como organización sindical mayoritaria de la educación en Andalucía, seguirá trabajando contra este atropello y connivencia de CSIF y UGT con la Consejería de Educación y continuará exigiendo protección a las personas especialmente sensibles a este virus y demandará, tal como ha venido históricamente haciendo, poder ejercer el derecho a conciliar con medidas reales que lo posibiliten.