[21-07-20] Conservatorios Superiores: Los vaivenes de la Consejería de Educación en el nombramiento de su profesorado, una ineptitud más.
La Consejería de Educación ya nos tenía acostumbrados a cambiar de criterio según sople el viento de levante o de poniente. Pero en lo que respecta a la cobertura de las plazas de cátedras en los conservatorios superiores se supera lo hasta ahora vivido.
Que la colocación del profesorado en los conservatorios superiores llevaba años sin una regulación acorde a unas enseñanzas superiores equiparables al grado universitario, era una realidad que no supo o no quiso resolver el anterior gobierno de la Junta de Andalucía. Ahora, esta situación ha sido transformada en esperpéntica por el actual Gobierno andaluz al moverse alternativamente entre posturas encontradas y dispares jugando con la manipulación de un modo inconcebible, y no sólo mintiendo a los representantes del profesorado, sino al propio alumnado, lo que evidencia una absoluta falta de respeto al profesorado andaluz y a la comunidad educativa.
Crear incertidumbre, falsas expectativas, previsibles perjuicios o beneficios laborales y educativos que no se llevan a efecto, según el caso, lo único que genera es descontento e inseguridad entre el profesorado, único logro de los vaivenes de la Consejería de Educación al hacer lecturas cambiantes, sesgadas, interesadas o irregulares de sus propias normas rozando incluso lo ilegal, una cuestión irresponsable e inconcebible y que demuestra, cuando menos y aunque no sólo, ineptitud, mala planificación y una falta de rumbo en una enseñanzas que durante décadas, aunque ya no, fueron referentes en toda España.
La Consejería de Educación, al necesitar profesorado funcionario de cuerpos distintos para atender la formación de los conservatorios superiores (en donde se requiere trayectoria profesional, artísticas, formativa y docente), y hacer uso de comisiones de servicio para la ocupación de estos puestos por personal funcionario de otros cuerpos docentes que paradójicamente se encuentra en estas bolsa de trabajo, no tiene otra opción que la de valorar la experiencia docente desempeñada en ellos tal como realiza con el profesorado interino, o de otro modo estaría penalizando al profesorado funcionario por el hecho de serlo, una cuestión inconcebible sobre la que ella misma ha legislado a través de una disposición adicional del Decreto Ley 15-2020 reconociendo las comisiones de servicio en estos puestos y sobre la que ha querido posteriormente recular en un cambio de opinión sorprendente pero que resulta imposible en tanto que este Decreto Ley está publicado.
Querer además hacer un uso restrictivo del Decreto 302 que regula la selección del profesorado y la provisión de los puestos docentes, no es posible en tanto que se trata de profesorado funcionario en comisión de servicio en otros cuerpos docentes que no se contempla en la norma publicada para la regulación de bolsas con personal interino. No respetar el principio que sustenta este modelo en el caso de profesorado funcionario de otros cuerpos no respetaría el “espíritu” de la propia norma que es base de derecho en sentencias judiciales. La publicación del Decreto Ley en el que se indica “reconociéndole, en su caso, y exclusivamente, el tiempo de servicios que haya prestado en el Cuerpo al que aspire, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del citado Decreto 302/2010, de 1 de junio”, resulta además clarificador sobre esta cuestión. Que el profesorado funcionario de otros cuerpos disponga además de nombramientos e incluso sentencias de reconocimiento de tiempo efectivo desempeñado en los conservatorios superiores, suponen disponer de una vida laboral que no puede obviarse, aunque ahora así se desee.
Este vaivén de criterios está, además, dañando al profesorado interino de los conservatorios superiores a los que se les generó unos derechos que están afectándole a su vida profesional, como igualmente sucede con el personal interino de los conservatorios profesionales que, ante una previsible falta de reconocimiento de la experiencia desempeñada por el profesorado funcionario en comisión de servicio en los conservatorios superiores, se verá dañado al ver reducida sus posibilidades de acceso a un puesto docente.
La Consejería de Educación no sólo denota una gran falta del respeto por estas enseñanzas y por el profesorado andaluz, sino que está además judicializando una cuestión que va a contar con innumerables demandas, incluso bajo argumentos de prevaricación al tomar, los responsables de la Consejería de Educación, una decisión no acogida a norma, con plena conciencia de esta injusticia e irregularidad.