Las instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte establecen que los centros docentes, a través de la Comisión Permanente del Consejo Escolar, debe actuar como una Comisión Específica contra la COVID-19. Esta Comisión es la responsable de elaborar un Plan de actuación ante este virus, recayendo especialmente esta labor en las direcciones de los centros. Sin embargo, el profesorado, y más específicamente las direcciones de los centros educativos, no deben ni pueden responsabilizarse  de la elaboración y aplicación de las medidas sanitarias que son necesarias para afrontar una pandemia, máxime cuando debe realizarlas sin contar con personal sanitario.

La Consejería de Educación determina en estas instrucciones la inclusión de protocolos de limpieza y desinfección que resultan inviables si no se dispone de los medios y del personal necesario, ya de por sí insuficiente en los centros educativos en condiciones ordinarias, y tanto si lo es con personal propio o de empresas externas, caso de institutos y centros de ERE, como con personal dependiente de los ayuntamientos, caso de centros de infantil y primaria, entidades locales que en numerosos casos no disponen de los recursos necesarios para ello.

Las instrucciones obvian el uso que de las mismas dependencias deben realizar varios grupos de escolares, lo que debe conllevar una especial limpieza y desinfección antes de un nuevo uso por otro grupo de alumnado, incluida la ventilación del propio aula o incluso el uso común de los servicios por parte del alumnado, el profesorado y el resto de trabajadores del centro. Resulta imposible mantener el alumnado siempre en la misma aula, especialmente entre aquellos que requieren sesiones de apoyo o en niveles de estudios conducentes a una profesión (FP, ERE,…).

En muchas aulas de educación primaria se requiere de profesorado especialista, un hecho que es constante en estudios de secundaria y postobligatorios. Además, el uso colectivo que suponen servicios como el aula matinal, el comedor o el transporte escolar, imposibilitan los denominados “grupos de convivencia” en los centros educativos si no se cuenta con los recursos humanos necesarios, obviándose que esta propuesta, realizada por las asociaciones de pediatras en nuestro país, se argumenta para grupos de entre 8 y 10 escolares. Que la Consejería de Educación plantee su uso en las actuales condiciones, supone desconocer completamente la realidad de los centros educativos andaluces, pues este planteamiento es imposible llevarlo a cabo en la mayoría de los centros, especialmente por el uso “extremo” que para el próximo curso, a pesar de la pandemia, realiza de las ratios el Gobierno Andaluz.

Las insuficientes plantillas, y en las que no se han dotado las plazas de las jubilaciones producidas este curso, (más de 2000 vacantes en todo el sistema educativo andaluz) y sin ni siquiera la dotación, aunque insuficiente, de la anunciada plantilla COVID (sólo inicialmente disponible desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre y con nombramientos no realizados en la colocación de efectivos ordinaria), denotan la enorme irresponsabilidad con que actúa la Consejería de Educación al provocar que los centros educativos andaluces se puedan transformar en puentes de transmisión de este virus.

Los centros educativos, además, desconocen el material preventivo y los mecanismos de reposición de que dispondrán. Hasta la fecha, todo el material que han requerido los centros, a excepción del mínimo básico, en ocasiones insuficiente, ha debido ser costeado por los propios centros a través de sus gastos de funcionamiento, unos presupuestos ya de por sí recortados que no podrán asumir esta necesidad.

Estas instrucciones no asegurar la distancia de seguridad que determinan las autoridades sanitarias entre las personas. La Consejería de Educación, por criterios meramente economicistas y obviando la responsabilidad que le debe a la ciudadanía andaluza ante una pandemia, no está dotando a los centros educativos del personal necesario que permita desdoblar las plantillas u organizar estudios en modalidad semipresencial, según el caso. Con estas instrucciones, la Consejería de Educación no garantiza la vuelta presencial a las aulas en un entorno educativo seguro pues obvia y no corrige las insuficientes infraestructuras y personal que poseen los centros educativos andaluces, denotando con ello una enorme irresponsabilidad.

La ciudadanía andaluza es conocedora de la gran dedicación del profesorado andaluz que desea retomar la educación presencial para lo que exige medidas sanitarias seguras que con estas instrucciones la Consejería de Educación no garantiza. Más por el contrario, haciendo uso de una irresponsable “demagogia”, la Administración Educativa andaluza pretende hacer creer que los centros educativos retomarán la actividad presencial con garantías para toda la comunidad educativa, algo que, irresponsablemente, no es cierto.

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