Trabajará para mejorarlo en el trámite parlamentario. CC.OO. dará traslado de su postura en la comparecencia que se convoque al efecto durante dicho trámite parlamentario, donde el sindicato espera ser llamado. Además, lamenta que no haya sido posible alcanzar en la negociación otras alternativas que no afectasen al empleo y a los servicios públicos. El sindicato continúa con las movilizaciones contra los recortes, “vengan de donde vengan”.

CC.OO., tras la aprobación como Decreto Ley del Plan de Reequilibrio Financiero por parte del Gobierno de Andalucía, manifiesta “su contundente rechazo a las medidas recogidas en este decreto ley porque inciden negativamente en la calidad de los servicios públicos y en las condiciones laborales de los empleados públicos en Andalucía, son desproporcionadas e injustas".
 
El sindicato denuncia que las medidas contempladas en el Decreto Ley son “discriminatorias entre colectivos y restan derechos consolidados entre los empleados públicos además de mermar la calidad a los servicios. Restar un 10% de jornada laboral y salarial al personal no fijo en las administraciones públicas es una reducción de empleo y del servicio público sin precedentes.”
 
CC.OO. lamenta que en la Mesa General de la Función Pública no haya sido posible alcanzar otras alternativas que no afectasen al empleo y la los servicios públicos. No obstante, el coordinador del Área Pública de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, “no lo da todo por perdido”, por ello, asegura que “en el trámite parlamentario, esta fuerza sindical trabajará para mejorar el documento aprobado en el Consejo de Gobierno”.
 
“Cuando llegue el momento de tramitación como Proyecto de Ley en el Parlamento andaluz, CC.OO. trasladará su postura en la comparecencia Parlamentaria correspondiente, a  la que esperamos ser llamados”. El sindicato advierte que este plan incide sobre la ciudadanía en su conjunto y no sólo sobre un colectivo de trabajadores. “Las medidas recogidas en el decreto ley afectarán negativamente a la ciudadanía andaluza con la merma de los servicios esenciales que, en este caso el Estado autonómico, tiene la obligación de prestar con calidad: educación, sanidad y los servicios y prestaciones propios del Estado del Bienestar”, se apostilla.