Las Consejerías de Justicia e Interior y Salud y Bienestar han reducido entre el diez y el veinte por ciento las partidas asignadas a las entidades que gestionan los servicios externalizados de protección de menores y reforma juvenil. Estos recortes supondrán un deterioro significativo tanto en la calidad del servicio que prestan como en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de este sector, e incluso pueden suponer despidos.

En estas dos últimas semanas la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación (Consejería de Justicia e interior) y la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familia (Consejería de Salud y Bienestar) han comunicado a las entidades colaboradoras que gestionan los servicios externalizados de protección de menores y reforma juvenil una serie de recortes de carácter económico y organizativo.

Según CC.OO., los trabajadores y las trabajadoras de estos sectores, antes incluso de la crisis económica, ya venía manteniendo unas condiciones laborales inadecuadas e injustas para el servicio público que prestan. Además, el sindicato denuncia que, por una parte, la Junta de Andalucía no dotaba económicamente como debiera las partidas presupuestarias que asignaba a las entidades y, por otra, que la inhibición de la Administración respecto al control y seguimiento de la gestión de estas entidades en materia laboral (ONGs, fundaciones sin ánimo de lucro, asociaciones, etc.) permitía que éstas, en bastantes casos, impusieran a los trabajadores y las trabajadoras unas condiciones impropias (sobre todo en protección de menores). Todo ello, teniendo en cuenta el importante y vital trabajo que desempeñan estos trabajadores: unos, la guarda, custodia y reeducación de menores con medidas judiciales y otros, la atención integral de menores en situación de desamparo.

La Consejería de Justicia e Interior ha reducido en un 10%, a partir del 1 de julio de este año, la cantidad económica que por centro asignaba a cada entidad. En una reunión mantenida recientemente, la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía ha criticado este recorte y ha exigido a esta consejería velar por las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que prestan este servicio con el objetivo de garantizar un servicio de calidad. Haciéndoles saber que CC.OO. no permitirá la modificación de la categoría profesional al objeto de abaratar costes, instando a la Administración a hacer valer su posición de adjudicataria y garante del servicio que prestan, máxime cuando las entidades que gestionan estos recursos tienen mecanismos y márgenes suficientes para que no sean los trabajadores los que asuman este recorte.

La Consejería de Salud y Bienestar, por su parte, a través de la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familia, ha ido más allá y conmina a las entidades colaboradoras a suscribir unos nuevos contratos de gestión en los que el recorte económico que se sitúa entre un 15% y un 20%. El sindicato critica que propone un nuevo modelo de organización interno incompatible con el ideario y la filosofía de atención a los menores que hasta ahora venía manteniendo y a la que por ley están obligados. Además, “CC.OO. denuncia que se permite la contratación de trabajadores con una cualificación inadecuada – lo que podrá suponer despidos-  para trabajar con este colectivo tan sensible”, se suprimen las unidades pequeñas y se fomenta la creación de macrocentros para los menores no acompañados quienes, a su vez, no tendrán la atención cualitativa y cuantitativa que la Ley 1/1998 de los derechos y la atención al menor exige. En definitiva, se instaura un modelo de organización con el único objetivo de abaratar costes sin tener en cuenta el principio fundamental de la citada Ley que sostiene que primará el interés superior del menor frente a cualquier otro interés legítimo, reprocha el sindicato. CC.OO. “ha exigido el replanteamiento de estas medidas y  ha mostrado su desacuerdo por inadecuadas, innecesarias y drásticas.”