El sindicato recuerda que con la Ley 3/2012 los trabajadores públicos andaluces van a sufrir en 2013 unos recortes en sus pagas extras que no van a padecer el resto de los empleados del sector público en España.

La Ley 3/2012 recientemente aprobada por el Gobierno andaluz viene a consolidar el recorte de la Junta de Andalucía ya previsto en el Decreto Ley andaluz 1/2012 del mes de julio sobre las pagas extras de los empleados públicos que trabajan en Andalucía para el año 2013. Este recorte, de la que es denominada paga adicional,  lo es de la cantidad económica que corresponde asignar a las comunidades autónomas y que por acuerdo sindical disfrutan los empleados públicos desde hace cuatro años, un hecho que permitió que sus pagas extras fuesen finalmente idénticas a las pagas del resto del año y no unas raquíticas cantidades a las que se volverá en 2013.
 
Por ello, el coordinador del Área Pública de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, reitera la petición que trasladó a la Comisión Parlamentaria cuando se estaba tramitando en el mes de julio dicha ley, para que retirasen la totalidad de los recortes laborales y sociales. Según el sindicalista “el criterio esgrimido por la Junta de Andalucía de que reduciendo estas cuantías se mantenía el empleo ha caído por su propio peso y no es cierto. Baste recordar los 5.000 docentes no contratados, las bajas no cubiertas en santidad o la no cobertura de vacantes de la Administración General de la Junta, entre otros.  
 
Para CC.OO., “si bien es cierto que el Real Decreto Ley del Gobierno sobre recortes obliga a reducir el presupuesto de las Comunidades Autónomas imperativamente en el Capítulo de gastos de personal, no deja de ser cierto igualmente que este recorte salarial, decidido exclusivamente por la Junta de Andalucía, se va aplicar el próximo año en las pagas extras en los empleados públicos andaluces junto a la supresión ya efectiva de muchos puestos públicos”.  
 
Blanco argumenta que “es injusto e inmoral que los recortes recaigan siempre sobre los empleados y servicios públicos como son educación, universidad, sanidad, dependencia, justicia o los servicios públicos en general, para la reducción de un déficit que es básicamente privado y de la banca de nuestro país. Por ello, el sindicato critica que la Junta, por su parte, aplique unos recortes salariales añadidos a estos mismo empleados.”
 
CC.OO. exige “al gobierno andaluz de coalición entre el Partido Socialista e Izquierda Unida que retire este recorte salarial añadido, que va a aplicar la Junta de Andalucía, en base a tres principios básicos que debiese defender la izquierda política: la calidad de los servicios públicos, el mantenimiento de las condiciones laborales de sus empleados y el derecho a la negociación colectiva, aspectos que no respeta este decreto ley andaluz.”