El sindicato exige al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes la retirada del Anteproyecto de Ley por no tener en cuenta principios básicos como son el consenso con la comunidad educativa. Además de propiciar el deterioro de la atención a la diversidad y del refuerzo educativo, no favorecer la integración del en condiciones de igualdad del alumnado más desprotegido, devaluar la Formación Profesional u obviar a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, entre otras.

El sistema educativo en España ha pasado por numerosas reformas en los últimos años que, no obstante, no han logrado la mejora que debe tener la educación y que resulta fundamental para consolidar el estado de bienestar. En las últimas décadas se han producido avances importantes como la eliminación del analfabetismo, inicialmente con altas tasas en Andalucía, la escolarización hasta los 16 años, incluido el periodo no obligatorio hasta los 3 años, y un incremento significativo de la población que continúa con estudios post-obligatorios. No obstante, las tasas de fracaso escolar en España son preocupantes y se encuentran por encima de la media europea. Del mismo modo, los presupuestos en educación son, porcentualmente en gasto por alumno, de los más bajos de Europa, una correlación de hechos que no se puede obviar. La inversión en educación en España, además, se han visto muy significativamente reducida por los recortes que está sufriendo la educación en nuestro país lo que, según CC.OO., incrementará estas altas tasas de fracaso escolar.
 
Para el sindicato, llevar a cabo cualquier reforma educativa requiere necesariamente un serio, profundo y amplio debate de toda la comunidad educativa, pues la mejora del sistema educativo necesita la participación activa de todos los sectores que intervienen en el proceso educativo.

Ante esta realidad, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO., José Blanco, considera que no es válida una propuesta de reforma educativa como la planteada en el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
 
Para CC.OO. existen varios principios de consideración  básica que justifican el rechazo a este Anteproyecto de Ley. El primero es que no se ha producido un debate con la comunidad educativa sobre este Anteproyecto de Ley antes de la propia elaboración. Además, no dispone de un presupuesto económico, “el coste cero es inviable en educación”, lo que afectará significativamente a la atención a la diversidad y al refuerzo educativo de la población que más lo requiere.
 
El sindicato echa en falta medidas educativas que planteen buscar la escolarización en términos de igualdad de toda la población, especialmente la más desprotegida por pertenecer a entornos sociales desestructurados o por sus propias características personales, sino que encuentra medidas como la creación de una doble titulación en secundaria que generará una segregación del alumnado desde edades tempranas que impedirá que un sector de la población pueda acceder a todos los niveles postobligatorios.
 
La Formación Profesional, según el sindicato, más allá de avanzar, retrocede en la calidad que actualmente ofrece, “una calidad que aunque mejorable, había logrado que esta formación fuese valorada adecuadamente por la ciudadanía y por el tejido empresarial”. La formación profesional básica que se crea, suprimiéndose los actuales PCPI, impedirá que mucho alumnado pueda titularse en Educación Secundaria, un grave perjuicio para uno de los sectores de población más vulnerables de todo el sistema educativo.
 
Todo ello, obviando algo fundamental según CC.OO., “el profesorado y a los trabajadores y trabajadoras de la educación en su conjunto”, empeorando sus condiciones laborales lo que incrementará el porcentaje de fracaso escolar al impedirse que estos puedan realizar una adecuada labor profesional.
 
“La Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, por todas estas razones, exige al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes que retire el actual Anteproyecto de la LOMCE e inicie un proceso de debate con todos los agentes sociales y con la  propia comunidad educativa”. “El debate profundo, amplio y participativo es la única forma de elaborar una ley educativa de consenso que avance en la calidad, partiendo de los principios básicos de igualdad y equidad que debe caracterizar el sistema educativo, evitándose con ello generar un modelo que nos retraiga a un sistema educativo obsoleto y caduco ya superado hace varias décadas en España”, apostilla Blanco.