El Área Pública de CC.OO. de Andalucía señala que estos nuevos órganos de resolución extrajudicial de conflictos serían independientes de las estructuras administrativas en las que se producen los actos y resoluciones recurridos, y se encargarían de resolver los litigios planteados con la administración andaluza una vez agotada la vía administrativa y previa a la vía judicial. Para CC.OO., con su implantación “se agilizarían los tiempos de respuesta e incrementaría la seguridad jurídica de los ciudadanos en general y de los empleados públicos en particular”.

El sindicato afirma que con la publicación de la Ley de Tasas judiciales el Gobierno ha dado “un golpe sin precedentes al derecho de los trabajadores en particular y de la ciudadanía en general a la tutela judicial efectiva”, poniendo de manifiesto hasta qué punto los derechos son “objeto de consumo por el ciudadano que quiera acceder a los mismos, reduciendo el uso de este derecho fundamental a quienes dispongan de recursos económicos necesarios”.

Para el coordinador del Área Pública de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, “ahora se hace más necesario que nunca exigir al Gobierno andaluz la puesta en marcha de los Tribunales Administrativos que aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del 26 de enero 2010 y que duerme el sueño de los justos.”
 
Estos nuevos órganos de resolución extrajudicial de conflictos serían independientes de las estructuras administrativas en las que se producen los actos y resoluciones recurridos, y se encargarían de resolver los litigios planteados con la Administración andaluza una vez agotada la vía administrativa y previa a la vía judicial, siendo sus resoluciones vinculantes para la Administración y voluntaria para los recurrentes, pudiendo éstos continuar con la vía jurisdiccional si no ven reconocidas sus pretensiones.

Para CC.OO., con su implantación se agilizarían los tiempos de respuesta e incrementaría la seguridad jurídica de los ciudadanos en general y de los empleados públicos en particular, por ello, emplaza al Gobierno andaluz para que no se quede en la mera crítica al Gobierno del Estado y presente lo antes posible un proyecto de Ley en el Parlamento de Andalucía que haga realidad este compromiso.

Medidas de este tipo, que ya existen en la Administración del Ministerio de Hacienda, manifiesta Blanco, sí que serían eficaces para aliviar la sobrecarga de trabajo existente tanto en los juzgados como en las salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia y no las medidas recaudatorias y contrarias al derecho de tutela judicial que ha tomado el Gobierno de Rajoy.