El Área Pública de CC.OO. de Andalucía señala que el Tribunal Supremo, en una reciente sentencia, argumenta jurídicamente lo que este sindicato ha venido defendiendo con respecto a la reordenación del sector público andaluz, destacando que “en dicha argumentación no se duda de la constitucionalidad de la citada reordenación”. El sindicato remarca que en la sentencia también se aclara que el proceso de integración del personal en las Agencias “no supone que pase a formar parte de la función pública ni del personal laboral”.

Según explica CC.OO., el Tribunal Supremo ha declarado nula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Sevilla, de 2 de noviembre de 2011, que se pronunciaba contraria a los estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.  
 
La sentencia señala que los estatutos de esta Agencia no infringen los principios de igualdad del artículo 14 y de acceso a la función pública del artículo  23.2 de la Constitución. Para CC.OO., esto aclara que la solución seguida en la Ley de Ordenación “no sustenta dudas de inconstitucionalidad al Supremo”.  
 
Por tanto, el Supremo viene a ratificar que el "estricto cumplimiento" de la de la Ley 1/2011 "no supone por sí misma ninguna lesión concreta y actual del derecho a la promoción profesional de los demandantes, pues no sólo no hace empleados públicos a quienes no lo fueran ya, sino, también, porque no implica ninguna actuación dirigida a sustraerles puestos de trabajo determinados a cuya provisión, de otro modo, hubieran podido aspirar".
 
CC.OO. valora que la ley 1/2012 no suscite dudas de constitucionalidad, por lo que pide que “se deje de usar este asunto políticamente y provocar enfrentamientos estériles entre trabajadores de la función pública y de los entes instrumentales de la Junta de Andalucía”.  
 
En este sentido, el responsable del Área Pública de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, afirma que la sentencia “avala y argumenta jurídicamente lo que desde el sindicato hemos defendido durante todo el proceso de ordenación del sector público”. Según Blanco, “nada tiene que ver la reestructuración del sector público con el cambio de estatus de los trabajadores”, pues en ningún modo “los estatutos de creación de una Agencia van a suponer el cambio en el acceso a la función pública”.  
 
Por eso, CC.OO. exige al gobierno andaluz que “cumpla la ley” y que la ordenación del sector público “no suponga pérdida de empleo como esta pasando en estos momentos.”