Además, el sindicato critica del deterioro de las condiciones laborales en las que quedará el resto de trabajadores y trabajadoras que atiende a un colectivo tan sensible como es el los menores. Éstas son las consecuencias que, según CC.OO., nos aguardan tras analizar el nuevo concurso público para la contratación de empresas que gestionen el citado servicio.

En Andalucía son más de 400 trabajadores y trabajadoras quienes atienden los 25 centros donde se presta el servicio de atención a menores  con medidas judiciales.
 
La reciente apertura de un concurso público, por parte de la Administración de la Junta, para la contratación de empresas que gestionen la ejecución de medidas judiciales de menores infractores en medio abierto dictadas por los juzgados de menores y ejecutadas dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma andaluza, presenta, según CC.OO., una serie de modificaciones inaceptables respecto a la actual gestión del servicio.
 
Para CC.OO., la primera y más notable consecuencia de las nuevas condiciones que figuran en los pliegos técnicos y administrativos es la injustificada pérdida de más de 60 puestos de trabajo en Andalucía lo que, a su vez, implicará el incremento de la ratio de menores atendidos por los profesionales y, por consiguiente, el empeoramiento en la calidad de la atención a los menores.
 
Por otra parte, no es cierto, como defiende la Administración, que realmente se vaya a poner en marcha un nuevo servicio para la atención a los citados menores infractores, ya que dicho servicio viene siendo gestionado por entidades colaboradoras desde hace más de diez años. Según CC.OO., este incorrecto planteamiento pretende enmascarar la realidad respecto a los derechos laborales de los actuales trabajadores del servicio ya que, como indica el convenio colectivo de aplicación, así como, el propio Estatuto de los Trabajadores, la totalidad de los trabajadores afectados por este concurso público de gestión deben ser subrogados en caso de que cambie la titularidad de la empresa que gestiona el servicio.  
 
Asimismo, CC.OO. critica “la posibilidad de que empresas con ánimo de lucro o entidades que no respetan la legalidad laboral vigente en este país puedan optar a gestionar el citado servicio. Ello, nos hace solicitar a la Junta de Andalucía el replanteamiento del servicio de la atención a estos menores infractores”.