Las últimas decisiones de la Administración andaluza están contribuyendo al progresivo empeoramiento tanto de la atención a los menores como de las condiciones laborales de los trabajadores en los centros y recursos de Justicia Juvenil de Andalucía.

En la actualidad, prácticamente todos los servicios públicos que se dedican a los procesos de reinserción de menores infractores están en manos de entidades privadas, que gestionan actuaciones tan complejas y delicadas como son las problemáticas relacionadas con la marginalidad, delitos graves y muy graves, violencia doméstica, drogadicción o salud mental, entre otras, que requieren un tratamiento muy especializado.

CC.OO. critica que desde la Administración se continúa haciendo declaraciones públicas respecto al  esfuerzo que está realizando para mantener los recursos y servicios en la Justicia Juvenil y al importante incremento del presupuesto en los últimos años destinado a esta materia, mientras lo que veladamente está sucediendo es el continuado deterioro de un sistema de centros y servicios que garantizaba hasta ahora, al menos bajo unos mínimos aceptables, el cumplimiento de las medidas judiciales que imponían los jueces de menores.

Según el sindicato, buena parte del problema es debido a la ausencia de un control real y efectivo sobre las partidas económicas que se les asignan a estas entidades, sobre todo las relativas a los denominados “gastos de gestión”, hecho que, por ejemplo, ha supuesto que el recorte del 10% efectuado en 2011 a los centros de internamiento, haya repercutido de forma distinta en los trabajadores según pertenecieran a una u otra entidad, o que cargos directivos de estas entidades estén cobrando más de tres mil euros al mes mientras que los profesionales que atienden a los menores difícilmente alcanzan los 900 euros.

Por otra parte, el pasado 1 de julio se procedió al despido en Andalucía de más de 60 trabajadores del Servicio de Medidas Judiciales de Régimen Abierto a la vez que se reducía drásticamente el presupuesto de dicho recurso, coincidiendo con nuevos concursos públicos que han ignorado tanto el Estatuto de los Trabajadores como el convenio colectivo de aplicación, que obligan a la subrogación de los trabajadores.

Asimismo, para el sindicato, resulta inadmisible permitir que entidades que gestionan un servicio público en un estado laico, hagan rellenar a los profesionales que contratan un cuestionario con preguntas sobre su conocimiento y participación en actividades religiosas, o que haya entidades que incumplen reiteradamente la legalidad laboral vigente sin que la Junta diga o haga absolutamente nada.

CC.OO. no comparte ni estas prácticas ni este modelo de gestión, máxime cuando suponen el progresivo desmantelamiento de unos servicios públicos tan necesarios como estos que atienden a menores de edad que por distintos motivos acaban teniendo problemas con la justicia y necesitan retornar a la sociedad en las mejores condiciones posibles.